La querella pidió la máxima pena para marinos acusados de realizar espionaje ilegal
El abogado Rodrigo Borda, querellante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que todos los acusados "violaron la ley (de Defensa) que regula su labor", entre otras, en el segundo día de su alegato en la causa a cargo del juez federal Enrique Guanziroli, en Rawson.
La querella concluyó así su alegato este mediodía, mientras que el fiscal federal Fernando Gelves iniciará el suyo a partir de las 16, tras un cuarto intermedio en la audiencia.
Borda pidió el máximo de la pena aplicable -"relativamente leve", puntualizó- para los almirantes Eduardo Avilés, ex comandante de Operaciones Navales; Pablo Rossi, ex director de Inteligencia Naval, y Luis De Vincenti, y para los capitanes Jorge Janiot, Gustavo Ottogalli, Carlos Vázquez, Carlos Ruda, Félix Medici, Cristian Vidal y Gustavo Monzani.
Además, solicitó para estos diez acusados la inhabilitación especial para ejercer funciones o cargos públicos, accesorias legales y costas.
El letrado introdujo salvedades -que calificó de "sutiles"- respecto de otros cuatro acusados, entre ellos el capital Eduardo Merlo, quien habría tenido la intención de cesar la actividad ilícita a fines de 2004, según declaró el testigo Carlos Alegre.
Las salvedades alcanzaron también a los suboficiales Alfredo Andrade, Vicente Rossi y Daniel Guantay, quienes, para la querella, por ser personal subalterno, fueron sólo ejecutores de las órdenes ilegítimas.
Borda pidió para Merlo un año y diez meses de prisión y para los tres suboficiales un año y siete meses, en todos los casos con la inhabilitación especial por el doble del tiempo de sus condenas.
El querellante solicitó al juez, para el caso de que decida no hacer efectiva las penas de prision, que se ordene a los eventuales condenados tomar estudios sobre derecho constitucional y derechos humanos, y realizar trabajos no remunerados para el Estado o entidades de bien público, en especial las damnificadas por operaciones inteligencia ilegal.
Borda pidió también remitir la sentencia y la documentación del juicio oral y público originado en 2006 al Gobierno nacional, la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia y los juzgados federales a cargo de Daniel Rafecas y de Sergio Torres, con causas conexas.
Finalmente, propició la preservación de la prueba documental secuestrada, en el ámbito del Archivo de la Memoria de la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Chubut.