Espina de la Vida y de la Historia
La secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba presentó ayer el informe acerca del Registro Voluntario de Ex Presos Políticos de la provincia, en el que se inscribieron en forma voluntaria 505 personas que antes y durante la última dictadura militar estuvieron detenidas en algún centro de detención ilegal de la provincia.
En dicha oportunidad se dieron a conocer también algunos anuncios sobre políticas reparatorias para aquellos ciudadanos que padecieron el Terrorismo de Estado, como contención psicológica y la tramitación de una pensión graciable.
En este sentido el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez, expresó que “es una sana costumbre que los pueblos rastreen en su memoria, en virtud de que la memoria es la expresión más clara y elocuente de de dónde venimos y fundamentalmente hacia donde vamos”.
Asimismo Sánchez resaltó que “la esencia del hombre es la dignidad”, por lo que “son los estados los que tienen que aplicar esta política de reparación”.
Los voluntarios inscriptos en el Registro son 505 ex presos políticos, pero “500 compañeros no somos todos”, dijo Sánchez e indicó que “realmente el miedo, la prudencia siguen existiendo”.
“El mejor favor que podemos hacerle a los compañeros que no están es que nosotros con alegría, con fe, con perseverancia y con firmeza sigamos luchando por los mismos ideales que defendíamos hace 30 años. No bajemos los brazos ahora que tenemos la decisión política que el estado que era un enemigo, hoy es un amigo”, concluyó el secretario de Derechos Humanos de la provincia.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba, Sara Waitman, explicó que el Registro es voluntario “para que se acercara el compañero que quisiera acercarse, porque hay compañeros que todavía siguen teniendo miedo, porque no saben si su nombre estará en una lista”.
Waitman aseguró que “quinientos es un número chico para nosotros porque hemos pasado dos mil presos políticos”, pero recordó que la mayoría de los que no lo hicieron fue por el miedo que les invade tras “las secuelas que todavía hay, que no podemos superar”.
La presidenta de la Asociación que nuclea a los ex presos políticos enfatizó que “el Estado debe reconocer que acá hubo terrorismo de estado”.
Finalmente el Director de Secuelas de Terrorismo de Estado, Juan Villa, explicó que “el objetivo del Registro fue conocer las condiciones de vida de los ex presos políticos en la actualidad”.
La información recopilada para dar cuenta de las secuelas y condiciones de vida actuales de ex presos políticos se basó en tres ejes fundamentales: educación, trabajo y salud.
Algunos de los resultados determinaron que ocho de cada diez personas registradas presenta enfermedades o malestares físicos y tres de cada diez, alguna enfermedad psicológica.
“El Estado es el que nos causó daño a nosotros, es el que nos torturó, nos mató, nos persiguió, por eso es que este Estado es el que nos tenía que dar soluciones para esto”, reflexionó Villa.
El Registro, que fue de carácter voluntario y reservado, se realizó durante los meses de julio y diciembre del año pasado, habilitando para su concreción oficinas en la ciudad de Córdoba y en el interior provincial; complementariamente recurrieron a encuestadores que viajaron a diferentes localidades.
Los centros clandestinos de detención que funcionaron en Córdoba son La Perla y el Campo de la Ribera; en la ex Unidad Penitenciaria N° 1 (UP1) y en el Departamento de Informaciones de la Policía (ex D-2), que funcionaba en el pasaje Santa Catalina del centro de la ciudad de Córdoba, hoy Archivo Provincial de la Memoria.