La querella responsabilizó a los 14 acusados de espionaje ilegal en Trelew
La querella de la causa por espionaje ilegal de la Armada en Trelew responsabilizó a los 14 marinos acusados y atribuyó las órdenes ilícitas a la cúpula de la fuerza que encabezó el almirante Jorge Godoy hasta fines del año pasado, en su alegato final en el juicio oral y público originado en 2006.
"Son responsables (los acusados) porque ejecutaron órdenes ilícitas", dijo el abogado Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa a cargo del juez federal Enrique Guanziroli, tramitada en Rawson, la capital de Chubut, vecina a la ciudad de Trelew.
Borda subrayó la "clara correspondencia" entre los ilícitos cometidos por la sección de inteligencia de la base aeronaval Almirante Zar de Trelew y dos versiones del Plan Básico de Inteligencia de la Armada, las de 2000 y 2005, esta última impartida cuando Godoy encabezaba la fuerza.
Entre los 14 procesados se destacan los almirantes Eduardo Avilés, ex comandante de Operaciones Navales; Pablo Rossi, ex director de Inteligencia Naval; y Luis De Vincenti.
También están acusados los capitanes Jorge Janiot, Gustavo Ottogalli, Carlos Vázquez, Carlos Ruda, Félix Medici, Eduardo Merlo, Cristian Vidal y Gustavo Monzani, así como los suboficiales Alfredo Andrade, Vicente Rossi y Daniel Guantay.
En paralelo, en los tribunales federales de Comodoro Py de la ciudad de Buenos Aires, el juez Daniel Rafecas procesó a Godoy y a Rótolo por los mismos ilícitos, que configuran el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Respaldado con fotografías de documentos de la Armada reproducidos en una pantalla de video, Borda coordinó el alegato de la querella con el abogado Eduardo Hualpa, una de las personas espiadas en Trelew por personal de inteligencia de la base Zar, también denominada FAE3.
En la amplia sala del Centro Cultural José Hernández en Rawson, donde se desarrolla el juicio, estaba presente una delegación del CELS encabezada por su vicepresidenta Laura Conte, el secretario ejecutivo Gastón Chillier y los abogados Carolina Varsky y Damián Loreti.
En la audiencia que comenzó esta mañana y se reanudó a las 16, tras un cuarto intermedio, también estuvieron presentes víctimas del espionaje ilegal en Trelew como Hilda Fredes, esposa del detenido-desaparecido Elvio Bel, y Mauricio Fernández Pícolo, titular entre 1997 y 2002 de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia.
El querellante Hualpa aludió en su exposición al "orgullo de la provincia" por haber develado el espionaje ilegal de la Armada, que consideró "de alcance nacional" y una "secuela o resabio de la dictadura" y de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
"Son hechos de gravedad importante, seguramente no acompañada por las penas" de hasta dos años que el Código Penal reserva para el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público o por las previstas en leyes específicas.
Tanto Hualpa como Borda subrayaron que el espionaje ilegal de la Armada viola las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia.
"Estas tres leyes forman parte de un consenso básico y dan pautas claras sobre la subordinación de las fuerzas armadas a la autoridad civil", añadió Hualpa.
En su exposición, Borda destacó la abundante y sólida prueba acumulada respecto de una actividad de "naturaleza furtiva".
Gran parte de su exposición estuvo centrada en valorar, en particular, "el cúmulo de documentación secuestrada" por la Justicia en la base Zar en marzo de 2006, procedimiento que tomó a los "imputados en situación de virtual flagrancia".
También dijo que allanamientos posteriores en otras unidades se vieron perjudicadas por el "encubrimiento" organizado por la cúpula naval.
El allanamiento de 2006 se concretó tras la denuncia judicial formulada por el CELS sobre la base de información aportada por el cabo Carlos Alegre, quien se desempeñaba en la sección de inteligencia de la base Zar.
Entre la prueba obtenida, Borda destacó el "Libro de registro de mensajes navales", recibidos y emitidos con las clasificaciones de "estrictamente secreto" y "confidencial", que corresponden a la inteligencia naval.
Subrayó que ese libro es un "documento público" y que un perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó las firmas de los mensajes a varios de los imputados.
El abogado del CELS abordó con similar detalle otras pruebas y en especial la aportada por Alegre y otro testigo clave, Luis Alberto Sánchez, también cabo de la Armada pero destinado en esa época a la base de Puerto Belgrano.
En cuanto a las declaraciones de los imputados, Borda dijo que expresaron "descargos inverosímiles" y que "no son coherentes entre sí y se incriminan unos a otros".
El abogado del CELS sostuvo además que es una "dicotomía falsa" poner en juego las llamadas "relación funcional", dentro del área de inteligencia, y "relación orgánica" o jerárquica en la Armada, a las que consideró complementarias.
Al examinar el flujo de mensajes encriptados de inteligencia ilegal, Borda subrayó que en gran parte tenían origen en la Dirección de Inteligencia de la Armada y en el Comando de Operaciones Navales o estaban destinados a esos organismos de conducción.
"Los funcionarios de mayor jerarquía en la Armada se escudan en que (el espionaje ilegal en Trelew) se trató de `iniciativas individuales`, mientras que los acusados de Almirante Zar dicen que cumplieron órdenes superiores y normativa interna de la Armada. Ambos argumentos son falaces", enfatizó el letrado querellante.
El espionaje ilegal en Trelew abarcó a militantes y organismos de derechos humanos, partidos políticos de izquierda, funcionarios gubernamentales, medios periodísticos, iglesias y comunidades mapuches, entre otros "factores", como los denominaba la documentación de la inteligencia naval.