Para Abajo

25/09/2009
Provinciales - Expropiación del Palacio Ferreyra
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Redujeron casi 17 millones la indemnización que la provincia debe abonarle a los ex propietarios de este edificio

La Cámara 4ª en lo Civil y Comercial de Córdoba resolvió ayer reducir la indemnización a los ex propietarios del Palacio Ferreyra de la suma de más de 41 millones de pesos a la de 24 millones.

El Palacio fue expropiado por la provincia durante el mandato del ex gobernador José Manuel De la Sota en sólo ocho millones y medio de pesos, pero la familia había iniciado una demanda en reclamo del pago de un monto mucho más alto.

En este sentido el juez de primera instancia, Manuel Rodríguez Juárez, había dispuesto que la provincia debía pagarle a los ex propietarios del Palacio Ferreira la suma exacta de 41.438.000 de pesos, pero la Cámara, integrada por los vocales Cristina González de la Vega, Miguel Ángel Bustos Argarañás y Marta Montoto de Spila, decidió que la suma ahora será de 24.650.00 pesos.

La indemnización que le corresponde a los dueños originales del inmueble se redujo a raíz del recurso de apelación presentado por la provincia, que la Cámara hizo lugar por decisión de la mayoría conformada por los camaristas González de la Vega y Montoto de Spila.

Los fundamentos de la mayoría señalaron que la pericia oficial no es útil para establecer el valor objetivo del bien, porque en las diversas hipótesis que brinda toma en cuenta el valor de otros lotes de la zona libres para construir, como así también el valor del rendimiento potencial del edificio.

De esta manera, se consideró que el Palacio Ferreyra es un “todo único” por las características de construcción, enclave urbanístico, entorno paisajístico y espacios verdes, tal como lo sostuvieron los peritos, oficial y de control.

Por esta razón, para establecer su valor no es posible utilizar el “método comparativo directo” con otros lotes de la zona, susceptibles de ser fraccionados para construir; ni de la oferta y venta de otros inmuebles del lugar.

Además, los magistrados estimaron que la pericia oficial no brinda un parámetro que permita despejar la cuestión, por lo que consideró que el precio fijado por el Consejo de Tasación de 8,5 millones de pesos era la adecuada.

De todas maneras, como esa tasación fue realizada cuando todavía regía la Convertibilidad en la provincia, el Tribunal estableció la indemnización al valor dólar en el mercado libre, en la paridad existente al día de la desposesión, que data de junio de 2005.