Confirmaron las resoluciones contra la libertad de Etchecolatz y Poch
La Cámara Criminal Federal ratificó resoluciones que se opusieron a la libertad de dos procesados en causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, confirmaron hoy fuentes judiciales.
La Sala I de la Cámara homologó la prórroga de la prisión preventiva por un año al ex comisario de la policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz.
La medida la dictó el juez federal Daniel Rafecas en el sumario penal por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Cuerpo I del Ejército luego del 24 de marzo de 1976.
En tanto, a Sala II del mismo tribunal rechazó un recurso de la defensa de Julio Alberto Poch contra la resolución por la que el juez federal Sergio Torres no hizo lugar al cese de la prisión preventiva de quien fue procesado por su presunta responsabilidad en los denominados “vuelos de la muerte”.
Para confirmar la prórroga de la prisión preventiva de Etchecolatz, la Sala I consideró que se le atribuyen delitos “encuadrados en la categoría de crímenes de lesa humanidad”, además de “la cantidad de hechos que se le imputan” y la “cercanía” de la elevación de la causa a juicio.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah afirmaron que, en caso de recuperar la libertad, Etchecolatz –procesado por dos privaciones ilegales de la libertad agravadas por el uso de violencia o amenazas, podría fugarse.
Los camaristas recordaron que en esta causa, Etchecolatz comandó la comisión policial que en la madrugada del 24 de junio de 1977 detuvo a María Paula Álvarez y Daniel Omar Favero (ambos siguen desaparecidos) en la el domicilio de la calle 57 número 880, departamento G, de la ciudad de La Plata.
El tribunal evaluó que la libertad de Etchecolatz podría conspirar contra el avance de la investigación, teniendo en cuenta la “clandestinidad” y “complicidad de innumerables personas” que actuaron en la represión ilegal.
"Tales características hacen presumir que el imputado podría entorpecer la investigación en todo lo concerniente a la producción de las pruebas faltantes, principalmente en la suerte corrida por éstas personas que aún permanecen en condiciones de desaparición forzada”, agregaron Ballestero y Farah.
Con relación a la situación de Poch, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Farah negaron que la negativa a excarcelar por parte de Torres haya sido arbitraria.
El defensor de Poch, el abogado Gerardo Ibañez, había pedido que se computara el tiempo que su asistido estuvo detenido en España ante la orden de captura internacional dispuesta por la justicia argentina.
Poch, procesado por hechos aberrantes registrado en la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue detenido en España el 23 de setiembre de 2009 y extraditado siete meses y medio después a la Argentina.
La Sala II sostuvo que el tiempo que Poch pasó detenido en el exterior se debió a una decisión ajena a la potestad jurisdiccional de los tribunales argentinos.
Irurzun, Cattani y Farah precisaron que, como Poch lleva detenido en el país poco más de 18 meses (desde el 5 de mayo al 28 de diciembre de 2010 y del 9 de junio hasta la fecha), no se ha superado el plazo máximo para la prisión preventiva que la ley 24.390 fija en dos años.