La UCR creó el Instituto Municipal de Cultura en una acalorada sesión
Finalmente la Unión Cívica Radical aprobó hoy la creación del Instituto Municipal de Cultura en el Concejo Deliberante, aunque con todo en contra: desde la postura de los bloques opositores en el cuerpo hasta el rechazo enfático por parte de más de 60 organizaciones culturales de la ciudad.
Las primeras desde el recinto y las segundas desde el exterior del establecimiento rechazaron terminantemente la aprobación de esta propuesta de ordenanza sembrando grandes dudas sobre la finalidad de la fundación.
De hecho, la presidenta del Bloque Eva Duarte Olga Riutort aseveró que "este instrumento es ilegal" y su par de bancada, Miguel Siciliano, se ocupó de dejar en claro que se trata de la creación de un ente privado, que podrá tomar deuda y deberá responder la Municipalidad en cualquier caso.
En el mismo sentido el concejal olguista y presidente de la comisión de Cultura donde se abordó el expediente, Marcelo Rodio, explicó que a pesar de que la norma autoriza al Tribunal de Cuentas a controlar la entidad esto “no está entre sus atribuciones” y que eso “no es lo mismo que un control periódico”.
Por su parte el concejal del Frente Cívico y Social, Esteban Dómina, aseguró que correspondía normativamente que este tipo de expedientes pasara por el trámite de doble lectura y audiencia pública, a pesar de las explicaciones que diera el bloque radical.
Además afirmó que por cuestiones jurídicas “la Municipalidad de Córdoba no puede crear esta fundación” y que además de ello no tenía sentido porque no tiene la potestad de hacer nada que no pueda hacer la Secretaría de Cultura.
“Están creando un Frankeistein” advirtió Dómina y concluyó, sobre los propósitos de la entidad: “supongo que la fundación es para tener las manos libres”.
En tanto, la titular del bloque Unión por Córdoba, Alejandra Vigo, manifestó tener “dudas con aspectos legales, financieros y organizativos” de la norma y se quejó de que no fuera estudiado como correspondía por dos comisiones claves: Legislación General y Hacienda.
“Nos parece que el capital inicial tampoco está claro” declaró Vigo y criticó que “el Instituto tiene que fortalecer a la secretaria no reemplazarla”.
En este marco, la defensa del bloque de la Unión Cívica Radical fue encabezada por el concejal Javier Bee Sellares quien denunció que hubo “una gran puesta en escena por parte de los bloques de la oposición y de la Secretaria de Cultura” y declaró que “es lo mismo que hace el kirchnerismo en el senado donde presentan un proyecto y al otro día lo debaten y lo aprueban”.
Asimismo expresó tener dudas de que “si fuera una Agencia otros bloques lo hubieran acompañado, porque son los creadores de las agencias que dilapidan la plata de los cordobeses” mientras que el edil radical Lucas Cavallo aseguró que el Instituto no perjudicará a nadie y destacó que la institución “forma parte de la plataforma política que la ciudadanía votó el año pasado”.
Recordemos que desde la comisión de ayer (Ver: Aprobaron el Instituto de cultura en una comisión escándalosa) la UCR sostiene que la finalidad del instituto no es privatizar la cultura de Córdoba sino crear estadísticas e investigaciones que sirvan de base para el diseño de políticas públicas, capacitar el personal municipal y fomentar los eventos culturales en la ciudad con una financiación extra a la partida presupuestaria municipal destinada a esta área.
Además a último momento la UCR dio a conocer modificaciones tendientes a aclarar que el monto aportado por la Municipalidad para la creación del Instituto es de $50 mil, aunque no detalla que es por única vez, y que el Tribunal de Cuentas tendrá la posibilidad de controlar aunque no lo obliga ni sistematiza las evaluaciones.
También aseguran que se introdujeron modificaciones para asegurar que no se superpongan las tareas del ente con la Secretaría pertinente, aunque en su texto permaneció que tendrá la finalidad de “contribuir al diseño de planes estratégicos desde el municipio” y “aportar al diseño de políticas públicas que desde el municipio se dirijan” a la sociedad cordobesa.
Sumado a esto se habilita a la fundación a firmar convenios con entidades nacionales e internacionales, a comprar y vender bienes muebles, inmuebles, títulos y valores, acciones de cualquier índole y firmar convenios con entidades públicas o probadas, y a auto disolverse creando una junta liquidadora que en un plazo máximo de seis meses deberá pagar todas las deudas de la Fundación y pasar el remanente, si lo hay, a los bienes de patrimonio municipal.