Preservando la Memoria
La Provincia dispuso un dispositivo de seguridad para proteger a los testigos que declararán en el juicio por crímenes de lesa humanidad, que se iniciará el próximo 8 de octubre, donde se juzgará a Luciano Benjamín Menéndez, funcionarios policiales y a otros seis militares.
Se trata de las causas Albareda, Morales y Moyano, cuyo trámite tiene lugar en el Tribunal Oral Federal Nº 1. El esquema de protección estará a cargo de un cuerpo especial de la Policía provincial que ya realizó esta tarea durante el primer juicio al represor Menéndez en 2008.
La decisión fue comunicada ayer al término del encuentro que mantuvo el gobernador Juan Schiaretti con organismos de Derechos Humanos. "Es la primera vez que se juzga a miembros del Estado provincial que participaron en el genocidio contra el pueblo cordobés", dijo el mandatario.
Asimismo, Schiaretti agregó que "hablamos con los miembros de los organismos de Derechos Humanos para garantizarle la seguridad a todos los testigos, así se puede hacer justicia como reclama la historia y la memoria de los cordobeses".
Por su parte el abogado de H.I.J.O.S, Martín Fresneda, precisó que la reunión había sido solicitada por las entidades de Derechos Humanos; al tiempo que detalló que se analizaron aspectos operativos y se mostró conforme con la respuesta dada al pedido de protección de los testigos.
Del encuentro también participó el ministro de Gobierno Carlos Caserio, el secretario de Derechos Humanos, Raúl Sánchez y el jefe de la Policía de la Provincia, Alejo Paredes.
A fines del mes de Julio el Tribunal Oral Federal Nº1 fijó la fecha del 8 de octubre para el comienzo del segundo juicio al represor cordobés y otros acusados por delitos de lesa humanidad.
La causa principal que será analizada este año refiere al secuestro y asesinato de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la Policía que fue desaparecido en 1979.
Además, se acumulan las causas "Morales" y "Moyano", que no incluyen homicidios, y no se descarta que se sumen otras como la de las torturas sufridas por ex policías del Departamento de Informaciones (D2), de la causa "Gontero", cuyo caso más conocido es el de Luis Urquiza.
También podría sumarse la de los crímenes cometidos en la cárcel de San Martín, por entonces Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1), pero todavía no se completó la elevación a juicio.
Este juicio se esperaba inicialmente para la primera mitad del año, pero el tribunal se desmembró y tuvieron que ser designados dos jueces riojanos, Sergio Arturo Grimaux y Jorge Quiroga Uriburu, junto a Jaime Díaz Gavier, titular del cuerpo.
En el camino quedó Carlos Otero Álvarez, quien se jubiló antes de que avanzara en su contra una denuncia en el Consejo de la Magistratura, por supuestos vínculos con la represión de la dictadura, y Vicente Muscará, quien se apartó porque décadas atrás había defendido a Miguel Ángel Gómez, uno de los imputados de la causa Albareda.