Rajoy avanzó con ajuste y exige pago de medicamentos a jubilados
El gobierno español del presidente Mariano Rajoy presentó hoy una reforma sanitaria que despoja a los jubilados de su beneficio de no pagar por los medicamentos e incrementa la contribución a la factura farmacéutica del resto de los ciudadanos en función de la renta.
La nueva vuelta de tuerca al ajuste, que será aprobada por decreto el viernes en la próxima reunión de gabinete, fue debatida en Madrid en el Consejo Interterritorial de Salud, puesto que la sanidad es una competencia de las comunidades autónomas –gobiernos regionales- de España.
De acuerdo con la reforma, los jubilados españoles y todas las personas que reciben pensiones contributivas, que hasta ahora no abonaban por los medicamentos, tendrán que empezar a pagar el 10% de su valor, con un límite de entre 8 y 18 euros al mes en función de su pensión.
“Los desempleados sin prestación no tendrán que pagar los medicamentos hasta que consigan un puesto de trabajo”, anunció la Ministra de Sanidad, Ana Mato, en conferencia de prensa al término de la reunión con los responsables de Salud de las regiones autónomas.
En cuanto al resto de los ciudadanos, los trabajadores activos, que ya abonan el 40% de las recetas, deberán pagar el 50% y un máximo de 60 euros al mes (quienes ganen hasta 18.000 euros al año), y las rentas más altas (superiores a los 100.000 euros) abonarán hasta el 60%.
“Nos hubiese gustado no tener que hacer esto, pero garantiza que no haya copago en la sanidad”, remarcó Mato, en referencia a la posibilidad de introducir tasas para acceder al servicio sanitario.
La responsable de Sanidad subrayó que con esta y otras medidas acordadas “el sistema va a ser viable, y eso va a garantizar a todo el mundo que la asistencia sanitaria va a seguir siendo gratuita para todos los españoles”.
Tras el anuncio del pasado 9 de abril de un nuevo recorte presupuestario en el área sanitaria de 7.000 millones de euros, el Ministro de Economía español, Luis De Guindos, afirmó que el Ejecutivo no contemplaba el “copago sanitario”, pero si el pago progresivo en función de la renta.
Los grupos opositores rechazaron inmediatamente esta posibilidad al considerar que cualquier modificación al modelo universal y gratuito significaba un paso hacia la privatización del sistema sanitario español.
Entonces el gobernante y conservador Partido Popular (PP) rectificó y aseguró que Rajoy iba a garantizar la gratuidad del sistema sanitario.
El líder del Partido Socialista (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó la propuesta, que calificó de “recetazo”. Se trata de un “nuevo engaño que penaliza a los pensionistas y a los enfermos crónicos”, escribió Rubalcaba en su cuenta de Twitter.
En la misma línea, el diputado de Izquierda Unida (IU) y portavoz de sanidad de su grupo en el Congreso, Gaspar Llamazares, tachó el anuncio del PP de “medicamentazo”.
Llamazares acusó a Rajoy de “engañar” a los ciudadanos y anunció que solicitará la comparecencia urgente de la ministra de sanidad en el Congreso de los Diputados.
Antes del inicio del Consejo Interterritorial, que se celebra en el Ministerio de Salud y que debatirá otras medidas de ahorro del sistema sanitario, los concejeros de sanidad de Andalucía, el País Vasco y Canarias ya habían expresado su rechazo a la propuesta del Ejecutivo.
“Se va a penalizar a los enfermos crónicos y no se va a solucionar el problema de la sanidad pública”, dijo el consejero de Salud vasco, Rafael Bengoa.
La reforma de Rajoy busca también controlar el llamado “turismo sanitario”, como se llama a la posibilidad de que otros ciudadanos europeos reciban asistencia sanitaria gratuita en España, que principalmente beneficia a los inmigrantes comunitarios, prohibiendo el “desplazamiento en busca de atención sanitaria”.
Sin embargo, sobre este asunto, la responsable socialista de Sanidad, Trinidad Jiménez, destacó que España ya recibe dinero del resto de los países de la Unión Europea (UE) para cubrir ese gasto de los residentes comunitarios.
El “problema de los que se desplazan y el cobro de la factura sanitaria que estas personas generan” ya se solucionó con una directiva aprobada en 2010, aseguró Jiménez.
La reforma incluye otras medidas tendientes a reducir el precio de los medicamentos y la modificación de la “cartera de servicios” sanitarios que introduce el “copago” en algunas prestaciones que ya no se consideran básicas.
El gobierno asegura que así conseguirá ahorrar 7.000 millones y cubrir el agujero financiero que tienen en esta área las comunidades autónomas.
Desde la llamada “Izquierda Plural” del parlamento, en cambio, se aboga por bajar el precio que paga el Sistema Nacional de Salud (SNS) por los fármacos promoviendo aún más los genéricos.