La Justicia de Morón resolvió que allanamientos, testigos reservados y peritajes son validos

18/04/2012
Judiciales - Justicia / Policiales
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Ayer la Cámara Penal de Morón había resuelto liberar a los imputados en el caso. Sobre los ocho detenidos que fueron liberados, el tribunal aclaró que siguen estando imputados en el expediente

La Cámara Penal de Morón resolvió que en la causa que investiga el crimen de Candela Sol Rodríguez, ocurrido en agosto de 2011, continúan siendo válidos los allanamientos realizados, las declaraciones de los testigos de identidad reservada, los peritajes y la autopsia de la víctima.

Respecto de los ocho detenidos originales, que ya fueron liberados, excepto Leonardo Jara (34), el tribunal integrado por Adolfo Naldini, Sandra Mingolo y Elisabet Fernández aclaró que siguen estando imputados en el expediente y lo que se anuló fueron sus indagatorias y posterior prisión preventiva.

Las defensas de algunos imputados habían objetado la constitucionalidad de la figura de los testigos de identidad reservada, pero la sala III rechazó ese planteo. Lo que sí se cuestionó es la imputación efectuada a cada uno de los acusados, ya que según el voto de la jueza Mingolo debe ser "clara, precisa" y también "detallada en lo que concierne a modo, tiempo, y lugar del escenario criminal".

Mingolo dijo que la imputación hecha por Tavolaro es "imprecisa, vaga y falta de técnica", en especial cuando se imputó a Gladys Cabrera y Néstor Altamirano, a quienes se acusó de prestar sus casas para que la niña estuviese cautiva, y a Hugo Bermúdez, sindicado autor material del crimen.

Mingolo cuestionó al fiscal por hacer "una especie de epílogo de cinco hojas" en el que habló de "un ajuste de cuentas no tradicional".

"Me vuelvo a interrogar: ¿qué es concretamente un ajuste de cuentas no tradicional?; ¿una venganza?; ¿contra quién o quiénes?; y ¿por qué? Todo ello que, me pregunto, fue lo no dicho a los encausados en el acto de su imputación", concluyó.

Por eso, se declararon nulas las declaraciones indagatorias de todos los imputados y la prisión preventiva dictada después.

Mientras tanto, la Cámara Penal de Morón acusó al fiscal Marcelo Tavolaro de no haberle informado quiénes eran los testigos de identidad reservada, a fin de poder controlar la prueba que aportaban, a pesar de que policías ya conocían sus nombres.

Las ocho prisiones preventivas de los imputados dictadas por el juez de Garantías Alfredo Meade, a pedido de Tavolaro, estaban casi exclusivamente basadas en los dichos de esos testigos.

En su voto, la camarista Sandra Mignolo detalló que "se requirió al señor fiscal, por intermedio del señor presidente de esta sala, en dos oportunidades, los testimonios de identidad reservada, en su integridad, incluyendo sus identidades, a fin de evitar todo tipo de suspicacia, y de cumplir únicamente con el deber que nos compete, y ello fue negado con aclaratoria mediante".

Agregó que "no existe del estudio de todas las actuaciones acercadas a este Tribunal, los treinta y cinco cuerpos, más las actuaciones complementarias que conformaron otros veinte, lo que implicaría la lectura de unas diez mil fojas, elemento de convicción serio y lógico que permitiera establecer una conexión (entre Cabrera) con el grupo que se sindicó como los intervinientes en este crimen".

Por eso, por unanimidad, la sala III dispuso enviar una copia de la resolución a la Procuradora General ante la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, y al actual presidente de la Corte, Enrique Pettigiani, a fin de que analicen la actuación de los  funcionarios judiciales.

Por otro lado, el abogado Marcel Mazzeo, defensor de Gladys Cabrera dijo hoy que analiza pedir  que se separe de la causa al particular damnificado, porque "no actuó para defender los intereses de la víctima".

"Es muy grave la actuación que tuvo el particular damnificado en esta causa, ya que en ese rol pudo haber dirigido u orientado la investigación, por lo que también es su culpa que la causa llegara a este punto", con todos los acusados libres, dijo Mazzeo a Télam.

Para el letrado, tanto el abogado Fernando Burlando, en su carácter de representante legal, como la madre de Candela, Carola Labrador, deben quedar apartados del expediente, por lo que evaluaba solicitar esta medida al nuevo juez de la causa.

Es que para Mazzeo, la verdad del crimen de Candela debe buscarse en las "vinculaciones político-policiales". "Hubo esfuerzos del particular damnificado para que esa hipótesis no se investigara y para desviar la investigación y desvincular a los autores del crimen de Candela", expresó Mazzeo.

Y añadió: "Esto jugó contra los intereses de la víctima, que es Candela y por eso es muy posible y evalúo plantear que se aparte del rol a Burlando y a Carola, quien puede ser pasible de una investigación por encubrimiento".

"En concreto, agregó el letrado, la actuación del particular damnificado comprometió seriamente el avance de la investigación, porque pudiendo haber ayudado a que la pesquisa se dirija a hipótesis firmes, no lo permitió, sino que hizo que fiscal llevara la causa al abismo".

Por último, Mazzeo dijo que la resolución dictada ayer por la Cámara de Morón lo "habilita" a presentar una "demanda por daños y perjuicios contra la provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial y al propio Burlando, quien salía a los medios a calificar a Cabrera como `la asesina`".