Proponen regular el uso de la publicidad oficial en la provincia
El legislador del Frente Cívico (FC), Ricardo Fonseca, propone regular el uso de la publicidad oficial en la provincia de Córdoba, a fin de lograr transparencia, austeridad, control y fiscalización en su contratación y adjudicación.
Para ello, presentó un proyecto de ley en la Unicameral que tiene por objeto regular los contenidos, producción, diseño, distribución, control, procedimientos, gastos y contrataciones de publicidad oficial que el sector público de la provincia contrate directa o indirectamente y difunda a través de los diversos medios y soportes.
La iniciativa establece que, por un lado en el mensaje se debe garantizar el principio de efectividad, y por el otro, el principio de razonabilidad en la inversión de la publicidad del sector público, protegido por los derechos y garantías de los ciudadanos cordobeses.
Los objetivos de la propuesta del legislador juecista son garantizar la difusión de los actos de gobierno; legitimar el uso de los fondos públicos para la publicidad; aumentar los niveles de transparencia de los procedimientos y gasto público en las actividades de información y campañas publicitarias; asegurar la distribución no discrecional de la pauta publicitaria oficial.
También, prohibir la promoción de publicidad oficial que explícita o implícitamente promueva como objetivo central la difusión de los logros de la gestión o la difusión de intereses específicamente partidarios; garantizar que la publicidad oficial no interfiera sobre el derecho de libertad de expresión de las personas, periodistas y medios; entre otros.
Para poder cumplimentar con las metas propuestas, la iniciativa establece que todos los organismos provinciales deberán confeccionar un Plan Anual de publicidad oficial que deberá contar con un detalle de las campañas publicitarias a desarrollar, sus objetivos y necesidades debidamente fundamentadas y el correspondiente cálculo del presupuesto a ejecutar.
Además, clasifica la Publicidad Oficial en cinco categorías: campañas de prevención; campañas de concientización; actos de gestión; comunicaciones e información del gobierno y anuncios de compras, contrataciones y licitaciones.
En cuanto a los procedimientos de contratación de la publicidad oficial, la propuesta de Fonseca exige que se realice mediante licitación, no sólo de costos sino también de propuestas, es decir, del diseño de contenido y comunicacional.
El proyecto de ley dispone que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Comunicación Pública de la provincia quien deberá presentar ante el Poder Legislativo en forma anual un informe detallado acerca de la inversión en publicidad oficial realizada durante el ejercicio anterior al 30 de marzo de cada año.
Por otra parte, Fonseca propone la creación en el ámbito de la Unicameral de Córdoba de la Comisión de Control de la Comunicación Pública y Distribución de la Publicidad Oficial que será la encargada del control y seguimiento de todo lo relacionado a la publicidad oficial.
Esta Comisión estará integrada por todos los legisladores que integran la Comisión de Economía, Presupuesto y Haciendo de la legislatura provincial y por tres miembros representantes cada uno de organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica especializadas en derecho de la información, libertad de expresión, acceso a la información, etcétera.
En los fundamentos de la iniciativa, Fonseca remarca la importancia de establecer una correcta regulación de la publicidad oficial puesto que los medios de comunicación, históricamente, cumplen un rol fundamental en la construcción de las democracias modernas.
Además, explicó que “la regulación que crea esta ley no sólo va dirigida a especificar los objetivos de la pauta publicitaria instalando, además del criterio de audiencia, otros criterios de contratación de medios para la difusión oficial”.
“Insistimos en una redistribución equitativa al momento de la contratación de publicidad oficial por parte del gobierno”, enfatizó el legislador juecista, al tiempo que afirmó que “la publicidad oficial debe ser considerada y garantizada como un mecanismo que resguarde, reglamente y garantice el derecho a la información de los ciudadanos, que además racionalice el gasto y la proporcionalidad en relación y a los fines de la difusión y que asegure la utilización transparente de los recursos públicos”.