Para Pirota, Rívolo forma parte de la operación montada en contra del Gobierno
El abogado defensor de José María Núñez Carmona, Diego Pirota, denunció hoy que el fiscal que investiga la situación de la empresa Ciccone Calcográfica, Carlos Rívolo, “forma parte de una operación montada en torno a esa causa” y lo acusó de haber ordenado un allanamiento ilícito para perjudicar al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
Por su lado, el Vicepresidente ratificará por escrito la denuncia presentada ante el juez federal Ariel Lijo contra el estudio jurídico de la esposa del ex procurador Esteban Righi y el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, en el marco de la causa por la ex imprenta Ciccone.
Siguiendo con la denuncia de Pirota, el letrado advirtió que Rívolo orienta la investigación “en un sentido determinado, alejándose de lo que la prueba de la causa dice”, y “está formando parte, ya sin ninguna duda, porque lo hemos podido constatar en el análisis del expediente, de una verdadera operación montada en esta causa”.
Pirota, quien ayer presentó ante la Justicia un oficio de recusación contra Rívolo por su "pérdida de objetividad" (Ver: Recusan al fiscal Rivolo por pérdida de objetividad), advirtió que “ese direccionamiento se ve claro cuando se analiza lo que está haciendo y todo lo que pasó con el allanamiento realizado la semana pasada” a una propiedad de Boudou, procedimiento que consideró de “injusto, innecesario e ilícito”.
Rívolo “ha venido haciendo una manipulación de la prueba, y en virtud de esa manipulación se llegó al allanamiento", recordó el letrado en declaraciones a radio Continental, y destacó que en la presentación “no sólo planteamos que cometió irregularidades procesales sino que estamos hablando de la comisión de hechos ilícitos por parte del fiscal”.
Pirota recordó que ayer, después de presentada la recusación, el fiscal Rívolo le envió una nota al juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, en la que se solidariza con él y le anticipa que no lo recusará, pese al intercambio de mensajes del magistrado con un abogado, en relación con la causa.
Pirota señaló luego la necesidad de que en la sustanciación del expediente “haya un fiscal que investigue si hubo delito; si lo hubo, que vaya para adelante, y si ve que no lo hubo que pare con esta operación porque ya es un escándalo político más que jurídico”.
Reclamó también la intervención de un juez “liberado de todo tipo de ataduras; que no tenga compromisos de ninguna especie, ni personales ni funcionales con nadie y que tome las decisiones que hay que tomar”.
Si en la causa surgen pruebas “que van en contra de un secretario, un ministro, un vicepresidente, que las tome, pero si no las tiene que las desestime”, pidió.
Porque -continuó- “si es una causa armada para montar una situación política y judicializarla, que tenga las agallas suficientes para plantearlo en la causa y asumir el costo de cerrar una investigación que no tiene sentido y, si tiene sentido, que haga lo que la ley manda”.
Luego de ser consultado (Amado Boudou) mediante un oficio por el juez Lijo sobre la forma en que iba a ratificar la denuncia presentada esta semana, el vicepresidente optó por concretar el trámite de manera escrita, ante lo cual desde el juzgado se le enviará un pliego de preguntas.
Una vez recibidas las respuestas, se dará vista a la fiscalía para que dictamine si corresponde o no impulsar la investigación, precisaron a Télam fuentes judiciales. Boudou puede hacer uso de su derecho de no presentarse en persona a la ratificación debido a su carácter de vicepresidente.
En la denuncia penal presentada, que quedó a cargo de Lijo y del fiscal federal Jorge Di Lello, Boudou afirmó que fue visitado el 3 de julio de 2009 cuando estaba al frente de la Anses por las integrantes del estudio Ana Maria García, esposa de Righi, y María José Labat, casada con el actual ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, para ofrecerle los servicios profesionales ante la necesidad de "aceitar" lazos con la justicia federal en Comodoro Py 2002. En este caso, el delito sería un supuesto "tráfico de influencias".
En el caso del titular de la Bolsa de Comercio se aludió a una reunión donde éste le advirtió que Antonio Tabarelli, dueño de Boldt, quería "destruirlo" y que se podía evitar con un arreglo económico.
Las denuncias se concretaron luego que el juez federal Daniel Rafecas ordenara allanar un departamento en Puerto Madero propiedad de Boudou, en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone.