Rajoy descartó que España tenga que ser intervenida
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, descartó hoy que España esté a punto de ser intervenida y ratificó el rumbo de su política económica, después de que los mercados recrudecieron su presión sobre la deuda española y situaron al país al límite del rescate.
Tras las turbulencias de los últimos días, Rajoy utilizó una reunión con diputados de su partido para enviar un mensaje a los inversores al afirmar que España pagará sus deudas y cumplirá con el compromiso de reducir su déficit público del 8,5 al 5,3% pactado con la Unión Europea (UE).
Además, Rajoy pidió “prudencia” a los socios comunitarios a la hora de hablar de España, en una referencia implícita al presidente francés, Nicolás Sarkozy, y su par italiano, Mario Monti.
El mandatario galo insistió hoy en comparar la situación española con la de Grecia, como ejemplos de malas políticas económicas, mientras Monti responsabilizó ayer a España de la suba de la prima de riesgo de Italia.
Además se limitó a enumerar las medidas ya conocidas y reiteró que habrá más privatizaciones y reformas estructurales.
Antes, tras eludir a la prensa durante dos días, Rajoy enfrentó a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados pero tampoco se refirió a los recortes en sanidad y educación, tema socialmente sensible que también eludió durante la sesión de control parlamentario.
Rajoy garantizó que seguirá adelante con sus reformas, entre ellas la del mercado laboral rechazada por una huelga general, porque está legitimado “por los votos que le dieron la mayoría de los españoles en las urnas”.
En ese sentido, sostuvo que “está abierto al diálogo”, pero que eso no significa que vaya a hacer “lo que piden partidos que tienen menos apoyos”, luego de que la oposición y otros grupos pidieran un pacto global contra la crisis.
Rajoy rechazó así un acuerdo de consenso con la oposición, como fueron los Pactos de La Moncloa firmados durante la transición española para afrontar la crisis económica tras la dictadura franquista.
El líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, había instado previamente a Rajoy a recuperar “los consensos estructurales políticos, sociales e institucionales, que están rotos”.
Pero no sólo la oposición reclama un pacto global contra la crisis. También el presidente regional de Extremadura, José Antonio Monago, del PP, abogó por unos “nuevos Pactos de La Moncloa” para evitar que España sea intervenida, según un artículo de opinión que publicó en el diario El País.
España se mantiene en “zona de rescate” desde el pasado jueves, cuando el riesgo país o prima de riesgo, el diferencial entre el bono español a diez años y el alemán -de referencia- al mismo plazo, superó la barrera de los 400 puntos básicos.
La tensa calma de los mercados, no obstante, mantiene viva la amenaza de una intervención de España ya que, según coinciden los analistas, los inversores siguen dudado de su capacidad para reducir su déficit público del 8,5 al 5,3% del PIB este año sin comprometer la recuperación económica.
Mientras, el miembro del consejo ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Benoit Coeure, considera que a pesar de la fragilidad de los mercados financieros de la eurozona, la reacción negativa hacia España registrada en las últimas jornadas no está justificada.
El banquero francés señaló que el Gobierno español está adoptando reformas, por lo que apuntó que "no hay razón por la que la situación de los mercados no vaya a normalizarse también allí".
Destacó además que las subastas de liquidez a tres años celebradas en diciembre y febrero han ayudado a normalizar las condiciones en los mercados, por lo que urgió a las entidades de la zona euro a aprovechar esta circunstancia para reestructurar sus posiciones de capital.
Por su lado, Alemania pidió que los mercados financieros alivien la presión sobre España, y reconozcan las duras medidas de ahorro aprobadas por el gobierno de Rajoy.
"Hará falta un tiempo para que estas reformas tengan efecto", añadió el portavoz. "No hay que olvidar que España, sobre todo en sus datos económicos fundamentales, está en condiciones mucho mejores que otros países no miembros de la eurozona", agregó.
Por otro lado, el gobierno anunció hoy su intención de controlar parcialmente las redes sociales al convertir en delito penal cualquier convocatoria de protestas a través de estas vías.
Con esta peligrosa iniciativa, el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) podrá perseguir a los movimientos sociales y mantener bajo prisión preventiva a manifestantes, como ocurrió con algunos jóvenes arrestados en Barcelona durante la huelga general, a los que la justicia mantiene en prisión bajo el argumento de que podrían reincidir.
Tras los incidentes ocurridos en Barcelona durante la huelga general del pasado 29 de marzo, el gobierno de Rajoy y el ejecutivo regional de Cataluña acordaron impulsar una reforma legal para endurecer la penalización de los actos que califican como “guerrilla urbana” a cargo de “grupos radicales antisistema”.
La iniciativa del PP provocó un inmediato rechazo de la oposición socialista y, especialmente, de los grupos parlamentarios de izquierda, que denuncian la vulneración de derechos fundamentales.