Padrón de Depravados
Después de un extenso debate, se aprobó ayer en la Legislatura de la provincia de Córdoba el Programa de Identificación, Seguimiento y Control de delincuentes sexuales y de prevención de delitos contra la integridad sexual, en el que también hubo lugar para las chicanas políticas.
Luego de que el legislador del Frente Cívico y Social, Miguel Ortiz Pellegrini, dejara asentada su postura acerca de la inconstitucionalidad de una parte del proyecto de ley, el legislador de Unión por Córdoba, Horaldo Senn, dijo que “habría que hacer un registro de violadores de la Constitución Nacional”, en referencia a la cuestión de privilegio iniciada contra el presidente del bloque del FC por haber litigado, supuestamente, en contra del estado provincial y municipal.
“Está hablando como un abogado defensor de delincuentes, esta bien es lo que a veces hace”, agregó el parlamentario oficialista, a lo que Pellegrini le respondió que “ofende más quien las dice que quien las recibe”.
Al respecto, el legislador de la Coalición Cívica, Omar Ruiz, habló en defensa del parlamentario juecista, asegurando que “cuando no hay argumentos se recurre a las chicanas, a los golpes bajos, no se dio cuenta el legislador que Ortiz Pellegrini estaba coincidiendo con el registro”.
La ley que se aprobó ayer aborda una problemática realmente compleja, que acepta diversas opiniones, y esto es lo que ocurrió en la Unicameral ya que algunos bloques no coincidieron con el trato para con las personas acusadas de delitos contra la integridad física que hayan cumplido su condena.
Uno de los artículos de la ley establece que las personas que estén inscriptas en el registro de violadores y hubieran recuperado su libertad, están obligados a presentarse cada 30 días ante la policía, donde deberá ratificar su domicilio e informar todos los datos sobre su desenvolvimiento social y laboral.
Asimismo, la iniciativa dispone que el incumplimiento de las llamadas “normas de convivencia” que exige para las personas que cometieron delitos contra la integridad sexual, tendrán sanciones que van desde los 30 a los 60 días, disposición cuestionada por algunos bloques de la oposición.
En este sentido, el legislador Ortiz Pellegrini manifestó que “cuando cumple la pena, el delincuente recobró su estado de inocencia, por lo que no puede sufrir ninguna otra pena. Cuando la sentencia termina, vuelve el estado de inocencia de la persona”.
“No hay como debatir que un hombre que cumplió una pena, cumplió. Y cuando salio a la calle es igual a nosotros. Esta ley tiene las mejores intenciones pero no alcanza con esto. No va a tener reinserción de ningún tipo”, agregó Ortiz Pellegrini.
Por su parte, la legisladora del bloque Peronismo Militante-Partido Comunista, Nadia Fernández, aseguró que “este registro lo único que hace es estigmatizar y no prevenir”; al tiempo que ironizó que “se ha puesto de moda” la elaboración de listados.
El legislador juecista, Roberto Birri, también remarcó la inconstitucionalidad de la ley y se lamentó de que “parte de una demanda social que no contribuye a solucionarla porque no reúne las condiciones mínimas para dar una respuesta en esa dirección y termina siendo una respuesta espasmódica, demagógica e inconstitucional”.
La legisladora Liliana Olivero, del bloque Izquierda Socialista, se quejó de que “el registro no sirve para dar soluciones, sólo le pone un estiquer en la frente, pero no soluciona el problema”.
Respecto a la acusación de inconstitucional, el legislador integrante del bloque de la mayoría, Horaldo Senn, dijo que “cuando un violador recupera la libertad no significa que recupera la inocencia, porque fue condenado, recupera la libertad”.
Asimismo, concluyó dirigiéndose a Ortiz Pellegrini enfatizando que “una cosa es dar cátedra de Derecho Constitucional y otra es abordar la problemática en la práctica”.
Finalmente, el legislador oficialista, Juan Brügge, indicó que “no estamos vendiendo ilusiones. La regla de convivencia que estamos proponiendo surge del ejercicio de poder de policía que tiene la provincia de Córdoba en el marco de sus competencias”.
Entre otros puntos referidos a la prevención de este tipo de delitos, la ley prevé la creación del Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual en el que se inscribirán a todas las personas que hayan sido condenadas como autoras penalmente responsables de haber cometido abusos contra la integridad sexual.
El tema del Registro de violadores fue acompañado y defendido por unanimidad. Sólo no hubo coincidencias en el modo de abordar el tratamiento para con las personas acusadas de cometer estos delitos que hayan recuperado la libertad.
Se trata de un tema realmente complejo, donde se rozan muchas otras problemáticas sociales. Una de las directamente vinculadas tiene que ver con el sistema carcelario actual, en el que no se cumple bajo ningún punto de vista su fin último: tratar de corregir la conducta del convicto y lograr su reinserción en la sociedad.
Durante el debate parlamentario de la ley estuvieron presentes la Secretaria de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Krawchik y la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Graciela Ruiz.