Testigo declara desde España y complica a los imputados por espionaje ilegal

El cabo Luis Alberto Sánchez reforzó hoy con su testimonio la denuncia contra 14 miembros de la Armada por espionaje ilegal en la base Almirante Zar de Trelew, al declarar por videoconferencia desde España en el juicio oral que se desarrolla en Rawson.

"Esas tareas de inteligencia requeridas por la superioridad violaban las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior", afirmó Sánchez, en coincidencia con testimonios anteriores, como el del cabo Carlos Alegre, cuya denuncia originó la causa judicial hace seis años, y el del jefe de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, general Eduardo De María.

El ex suboficial de la Armada declaró por teleconferencia esta mañana, mientras que por la tarde utilizaron el mismo procedimiento otros dos testigos, la abogada Carolina Varsky y el periodista Horacio Verbitsky, los dos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Sánchez dijo que las órdenes ilegales provenían de la Dirección de Inteligencia de la Armada, en el ámbito del Estado Mayor General del arma, y de organismos de inteligencia dependientes del Comando de Operaciones Navales, en Puerto Belgrano, principal emplazamiento de la fuerza.

Según el testigo, que revistó hasta el 2006 en el Centro de Inteligencia de Puerto Belgrano y luego en Baterías, ambos próximos a Bahía Blanca, la irregularidad se enmarcaba en el "funcionamiento del sistema de inteligencia naval" y respondía a "requerimientos del jefe del Estado Mayor General de la Armada", que era entonces el almirante Jorge Godoy.

La declaración de Sánchez comprometió así a Godoy y al vicejefe de la Armada en esa época, Benito Rótolo, entre otros, ya que rechazó toda posibilidad de que ignoraran las órdenes de espionaje ilegal.

El abogado Rodrigo Borda, quien representa la querella del CELS, dijo a Télam que este testimonio aportó "importantes indicios" y que "una investigación debería profundizar" en ellos.

"Nosotros vamos a pedir al final de la audiencia de hoy que se entreguen testimonios a los juzgados de (los jueces federales (Sergio) Torres y (Daniel) Rafecas, quien también lo convocó (a Sánchez) como testigo", a cargo de causas paralelas pero conexas a la que se tramita en Rawson.

Borda pedirá una medida similar respecto de la Sala 2 de la Cámara Federal, "que está analizando en estos momentos" la situación de Godoy y Rótolo, ya que, opinó, "este testimonio es fundamental como prueba de cargo también en ese proceso".

"Hay indicios muy claros. Por ejemplo, ¿quién fue comisionado para supuestamente resguardar la información de inteligencia del Comando de Operaciones Navales, previo a la llegada de la Justicia? El capitán de navío Carlos Ruda, que es hoy un imputado", dijo el letrado.

Borda recordó que Ruda había "prestado funciones (de inteligencia) años antes en ese mismo lugar", por lo que consideró "absurdo pensar que fue a resguardar una documentación que, de hecho, no se encontró" en los procedimientos judiciales en Puerto Belgrano.

En cuanto a Sánchez, en la audiencia relató también que obtuvo la baja de la Armada y se radicó en España a raíz de sanciones y amenazas que sufrió tras negarse a espiar a "factores", como se aludía a quienes consideraban potencialmente hostiles a la fuerza, entre ellos políticos, sindicalistas, jueces, piqueteros y periodistas.

Antes de un cuarto intermedio, Sánchez declaró hoy en la mañana hasta pasado el mediodía en una sala preparada para videoconferencias del Superior Tribunal provincial, edificio próximo al Centro Cultural José Hernández, ámbito habitual de este juicio oral y público.

Con la información aportada por Alegre, en marzo de 2006 el CELS formuló la denuncia que dio origen a la causa, actualmente a cargo del juez Enrique Guanziroli, subrogante en el juzgado federal de Rawson.

Al declarar esta tarde como testigo en la causa, Carolina Varsky relató que ella tuvo los primeros contactos por correo con Alegre, luego de que el suboficial enviara al CELS un recorte periodístico con anotaciones manuscritas y hasta el 15 de marzo de 2006, cuando completó la documentación en la que el CELS basó su denuncia judicial dos días después.

"El CELS tuvo siempre entre sus objetivos la depuración de las Fuerzas Armadas" y la documentación aportada por Alegre "demostraban claramente que se estaba realizando una práctica" de seguimiento y espionaje sobre personas en línea con la doctrina de la última dictadura, dijo la abogada.

Luego brindó precisiones ante preguntas de defensores de los acusados sobre cuándo conoció a Alegre y también al abogado Eduardo Hualpa, espiado por personal de la Armada por su relación con un acto y denuncias sobre los fusilamientos de prisioneros políticos en la base Almirante Zar en 1972.

Sobre la documentación aportada por Alegre, quien mañana volverá a declarar en la causa tramitada en Rawson, Verbitsky recordó que originó en marzo de 2006 dos denuncias del CELS, una judicial y otra ante la prensa, además de ser remitida a la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré.

Consultado por la defensa de uno de los acusados, Verbitsky, que es presidente del CELS, confirmó que en ocasión de un seminario al que fue invitado en el 2004 por el Miami Herald debatió sobre el papel de los militares con quien era jefe del Comando Sur estadounidense, general James Hill.

Hill propiciaba la participación de militares en seguridad interior, una práctica vedada por las leyes argentinas de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, todas sancionadas con amplio respaldo multipartidario en el Congreso, dijo el testigo.

"Cuando alguien dentro de las Fuerzas Armadas detecta que hay una transgresión (a las leyes), sabe que hallará en el CELS un oído receptivo, que es lo que ocurrió en este caso" del cabo Alegre, dijo Verbitsky.

En la causa que tiene a su cargo el juez Guanziroli y actúa el fiscal federal Fernando Gelves, entre los 14 procesados se destacan los almirantes Eduardo Avilés, ex comandante de Operaciones Navales; Pablo Rossi, ex director de Inteligencia Naval, y Luis De Vincenti.

También están acusados los capitanes Jorge Janiot, Gustavo Ottogalli, Carlos Vázquez, Carlos Ruda, Félix Medici, Eduardo Merlo, Cristian Vidal y Gustavo Monzani, así como los suboficiales Alfredo Andrade, Vicente Rossi y Daniel Guantay.

En paralelo a esta causa, en los tribunales federales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, el juez Daniel Rafecas procesó a Godoy y a Rótolo por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.