La oposición denuncia a Rajoy por su plan para privatizar la sanidad pública
La oposición socialista y la izquierda parlamentaria de España denunciaron hoy al gobierno de Mariano Rajoy por querer privatizar la sanidad pública por presión de los mercados, tras un adelanto de una confusa propuesta para que las rentas más altas paguen por este servicio.
La medida, que supondría inicialmente la privatización parcial del sistema sanitario, fue adelantada por el ministro de Economía, Luis De Guindos, como parte de la agenda de reformas para reducir el elevado déficit público de España en pleno recrudecimiento de su crisis de deuda.
“Hay que abrir el debate de si debemos proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gane 100.000 euros", aseguró hoy de Guindos, en declaraciones a la emisora radial Cadena Ser.
Según el responsable de Economía, el Ejecutivo no contempla establecer el “copago sanitario”, es decir, la introducción de una tasa por acceder a consultas, urgencias, hospitalización, entre otros servicios –ya vigente en Cataluña-.
Sin embargo, sí se estudia “la posibilidad de establecer un pago progresivo en función de la renta” de los ciudadanos, agregó.
Aunque la medida fue presentada bajo una fórmula de pago progresivo, el opositor Partido Socialista (PSOE) y otros grupos de izquierda coincidieron en que se está dinamitando el sistema universal y gratuito abriendo la puerta a la privatización o al copago.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó a Rajoy de “confundir” a los ciudadanos con la posibilidad de establecer el “copago sanitario” así como otras fórmulas “preocupantes” que “caminan hacia la privatización”.
Asimismo, el líder socialista acusó a De Guidos de utilizar el tema de la reforma del sistema sanitario para “tranquilizar a los mercados”, que presionan a España exigiendo nuevas reformas de corte neoliberal.
El portavoz de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, aseguró por su parte que la iniciativa del Ejecutivo supone “el cambio de un modelo universal para todos, independientemente de la renta, a un modelo que pretende eliminar una parte del sistema”.
“De Guindos, al parecer, ignora que la sanidad se financia con impuestos según la renta, y propone el repago para ricos", escribió el diputado de IU en su cuenta de Twitter.
En tanto, el portavoz de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, sostuvo que la medida del Ejecutivo del PP es el paso previo para avanzar hacia el modelo de privatización de Estados Unidos.
“Si las personas que pagan muchos impuestos no van a poder utilizar los servicios públicos, el paso siguiente es que dejarán de pagarlos”, remarcó.
El modelo de copago, que ya aprobó el gobierno regional de Cataluña, en manos de los nacionalistas de Convergencia i Unió (CiU), se aplica también en otros países de la Unión Europea (UE) como Francia y Portugal.
El argumento del gobierno para introducir la reforma es que el sistema es deficitario.
Además, de Guindos subrayó que las comunidades autónomas no pueden seguir generando déficit, que es lo que mantiene a España en la mira de los mercados.
El anuncio de las reformas en sanidad y educación, dos áreas sensibles para los ciudadanos, llegan precisamente cuando España vuelve a estar en el foco de los mercados, que dudan de su capacidad para hacer frente a sus deudas.
España se comprometió a reducir este año su déficit público del 8,5% del PIB hasta el 5,3% -meta fijada por la UE- y con ese objetivo aprobó el mayor ajuste de la historia desde el final del franquismo y una reforma financiera y laboral, que abarata y facilita el despido, y que fue rechazada con una huelga general el pasado 29 de marzo.
La prima de riesgo o riesgo país sigue disparado por encima de los 400 puntos por presión de los mercados que sitúan a España al límite del rescate. En este escenario de incertidumbre, el PP se atreve a plantear la históricamente resistida privatización del sistema sanitario.
Por otra parte, las declaraciones de insolvencia de empresas españolas aumentaron 21 por ciento en el primer trimestre, respecto del mismo periodo del año pasado, totalizando 1.665, según informó hoy la auditora PriceWaterhouseCoopers.
Los sectores en los que más concursos de acreedores se iniciaron fueron los de la construcción (433), inmobiliario (292) y servicios (234), que en conjunto superan el 60 por ciento del total, según publica la agencia de noticias DPA.
Esas cifras surgen según un recuento efectuado en base a informaciones del Boletín Oficial del Estado (BOE).
Por regiones, la que registró un mayor incremento fue Galicia, con 93 por ciento, seguida de Cantabria, con 83%, y Castilla La Mancha, con 75%.
También el número de empleados afectados por las declaraciones de insolvencia, según PriceWaterhouseCoopers, aumentó 8% por un total de 2.566 personas, lo que hace suponer que fueron sobre todo empresas pequeñas las que iniciaron un concurso de acreedores.
Al presentar las cifras, la empresa auditora dijo prever que en 2012 se mantenga una elevada actividad concursal, "alejando cualquier signo de recuperación".