¿Fiscal Anticorrupción en la Legislatura?
El legislador del bloque Coalición Cívica, Omar Ruiz, propuso la creación de una Oficina Anticorrupción que funcionará en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
La Oficina Anticorrupción estará a cargo de un Fiscal Anticorrupción que será designado por la Unicameral a través de una audiencia pública previa y el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, y durará en sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelecto por un solo período consecutivo.
Según dispone la iniciativa, el organismo estará encargado de velar por la prevención e investigación de las violaciones a los deberes de funcionario público y al régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades fijadas por la legislación vigente.
La oficina anticorrupción que Ruiz propone crear tendrá autonomía funcional, facultades de investigación y legitimación procesal, y su ámbito de aplicación será la Administración Pública Provincial tanto centralizada como descentralizada, y todo aquel ente público o privado que tenga como principal fuente de recursos el aporte Estatal.
Asimismo, la oficina anticorrupción tendrá competencias para recibir denuncias de particulares y de agentes públicos, investigar a los agentes a los que se atribuya la comisión de algún hecho denunciado, recomendar la suspensión en el cargo que ejerce un funcionario cuestionado en su proceder, denunciar ante la justicia los hechos que sean delitos.
Además, este organismo llevará un registro de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos e investigará las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito; propondrá modificaciones a la normativa vigente para garantizar la transparencia en el régimen de contrataciones y perfeccionará el régimen de financiamiento de los partidos políticos.
Cuando de la investigación realizada resulte la existencia de supuestas transgresiones a normas administrativas, las actuaciones pasarán con dictamen al Poder Ejecutivo provincial.
A su vez, en estas actuaciones, la oficina anticorrupción será tenida como parte acusadora con facultades de ofrecer, producir o incorporar pruebas, así como la de recurrir toda resolución adversa a las actuaciones elevadas.
Para que la realidad se aproxime a lo que los libros definen como “buen gobierno” es necesario dirigir la acción gubernamental en el sentido marcado por una ética pública a través de las instituciones del Estado, garantizando transparencia y participación.
Una de las formas ideales para cumplir esos objetivos es la generación de cuerpos normativos y organismos de control.
La provincia de Córdoba puede dar el puntapié inicial mediante la aprobación de este proyecto de ley para la construcción de una infraestructura suficiente que permita velar por el normal y eficaz cumplimiento de las funciones estatales y por trayectorias de conductas transparentes tanto de funcionarios públicos de planta como por los representantes electos mediante el voto popular.