Quieren crear la Fiscalía Municipal de Investigaciones Administrativas
El concejal Carlos Mercado del bloque Unión por Córdoba presentó esta semana en el Concejo Deliberante una propuesta para crear la Fiscalía Municipal de Investigaciones Administrativas en la Ciudad de Córdoba.
El ente se encargaría de efectuar las investigaciones concernientes a las conductas administrativas que despliegan los funcionarios y empleados superiores de la Municipalidad en cuanto a los daños y perjuicios que sus acciones y omisiones pueden ocasionar.
Al justificar la iniciativa el edil peronista señala que el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad solo alcanza a investigar una parte importantísima del Municipio cual es el del manejo de las cuentas, fondos, recursos y gastos pero aclara que no tiene jurisdicción sobre otras acciones que “dejan como gravísimas heridas en el cuerpo municipal que normalmente suelen ser irreparables y cuyo restañamiento suele llevarle años de pérdidas económicas hasta que se restablezca el daño ocasionado en la función pública y en el servicio público resentido”.
“El proyecto que nos ocupa surge de la propia realidad en que la actual Municipalidad de Córdoba, ha sido recibida por nuestro Intendente (…) por falta de un organismo municipal independiente cuyas misiones y funciones sean exclusivamente las de investigar hechos, situaciones, contrataciones, transferencias de recursos nacionales y provinciales que con destino al Municipio han desaparecido, y aparición de cheques y dineros que no se encuentran ingresados por vías normales en el Erario Público Municipal y situaciones que no pueden justificarse sino es a través de una minuciosa y profunda investigación jurídico administrativa que someta a todos sus agentes incluidos el personal político que siempre resulta ser el mayor” explicó Mercado.
En este sentido el concejal asegura que se hace necesario el control administrativo concreto por un organismo independiente de los planes de inversión y compromisos de mantenimiento de las unidades del servicio público de transporte de pasajeros y de otros servicios que garantizan el traslado, la vida y la salud de los vecinos, que actualmente por falta de control se tornan obsoletas y que van llevando a través de los años a atentar directamente contra la vida y la salud de los gobernados, primeros y últimos destinatarios a los cuales los funcionarios están llamados por la Carta Magna Municipal y la legislación vigente, a proteger y cuidar en su vida, salud y patrimonio.
Ademas afirma que “nadie ignora el estado de descontrol de las últimas intendencias en cuanto a la designación indiscriminada de personal violando expresas normas municipales, sobre concursos, escalafón, categoría inicial, y cargos inexistentes asignados en la mayoría de los más de 4500 nombramientos sin haberse justificado “su necesidad” dejando librado el patrimonio del municipio al libre ingreso político partidario sin la contraprestación de demostrar los nombrados “la idoneidad” para el cargo requeridos por la Carta Magna Municipal y existiendo actualmente agentes municipales que poseen antecedentes penales incompatibles con su ingreso y otros hasta indocumentados o extranjeros no radicados”.
La dependencia contará con un fiscal, sujetando a un mínimo de personal imprescindible como un Secretario, dos o tres investigadores o sumariantes y dos o tres administrativos para recibir denuncias, hacer sumarios con números y fechas y recepcionar documentación y producir pruebas instrumentales, documentales y testimoniales necesarias.
Para ello el intendente los designaría pudiendo disponer de personal subalterno del que ya cuenta la Administración Pública Municipal o el Concejo Deliberante, mientras que todos los cargos establecidos por esta Ordenanza deberán ser refrendados con el acuerdo del cuerpo deliberativo de la ciudad.
Cabe destacar que los requisitos para ser fiscal serán los mismos que los exigidos que para ser juez de Primera Instancia en la Justicia Provincial, teniendo además la misma remuneración que la de cualquier Secretario del Ejecutivo Municipal.
En tanto, los Secretarios, Titulares de las entidades autárquicas centralizadas o descentralizadas del estado municipal y de las Sociedades del Estado Municipales, tendrán la obligación de comunicar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas todas las resoluciones que dispongan la iniciación de aquellos sumarios que revistan importancia, gravedad o trascendencia, con una relación de los hechos que lo originan, a fin de que ésta, si lo estimare necesario o conveniente, tome la debida intervención.
Por otra parte, en los casos y el procedimiento cuando el Fiscal verifique que de la investigación realizada resulten cargos imputables a funcionarios que de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal estuvieren sometidos al procedimiento de juicio político, los antecedentes deberán ser girados con dictamen fundado, a las autoridades que deban entender en su remoción o en su caso Ejecutivo Municipal.
Finalmente la Fiscalía podrá dar a publicidad sus dictámenes a los que haya arribado en su investigación, mientras que aquellos casos en que se promueva instancia penal, la publicidad será obligatoria.
Además tendrá la obligatoriedad y el deber de informar al Concejo Deliberante al inicio de sus Sesiones Ordinarias, de las resoluciones dictadas, los dictámenes trascendentes, y el estado de los sumarios instruidos anualmente, y también deberá informar siempre que el cuerpo deliberativo lo requiera.