Expresan preocupación y disgusto por la suspensión del médico de Punilla

30/03/2012
Provinciales - Unicameral
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El legislador radical Eduardo Yuni dijo estar “perturbado” porque la única respuesta del gobierno provincial a los agentes de la salud sea la disposición de sanciones para quienes reclaman mejoras laborales

El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Yuni, manifestó su “preocupación” y “disgusto” por la suspensión por 90 días sin goce de haberes del Dr. Marcelo Lamond, delegado gremial del Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, quien se había encadenado en reclamo por mejoras salariales.

A través de un proyecto de resolución, Yuni expresó que “los legisladores vemos asombrados y perturbados que la única respuesta provincial a los agentes de la salud es la disposición de sanciones para quienes, con motivo del ejercicio de sus derechos laborales y gremiales, no hacen otra cosa que evidenciar su malestar por la apatía con la que, desde el Poder Ejecutivo, se juzgan sus reclamos y por el maltrato al que son sometidos por sus acciones”.

En la iniciativa, que tomará estado parlamentario la semana que viene, el parlamentario sostiene que “nos perturba la pública imposición de sanciones al Dr. Marcelo Lamond, a quien se castiga con una suspensión de 90 días, sin cobro de haberes, y a quien se lesiona en su representación gremial, violentándose las garantías consagradas en la ley 23.551”.

Agregó que “es hora de abandonar la denuncia para expresar, desde nuestras más profundas convicciones democráticas, el estremecimiento que nos provocan las medidas adoptadas en contra de ese profesional; para declarar no sólo nuestro disgusto por la desproporcionada sanción, sino también para exhortar al Poder Ejecutivo a que, en un marco de razonable tolerancia y democrática convivencia, respete irrestrictamente los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la salud, consagrados enfáticamente en nuestros plexos constitucionales provincial y nacional, permitiendo el libre ejercicio de la expresión de las opiniones y la adopción de las medidas de fuerza que se consideran apropiadas para la defensa de sus condiciones de trabajo y de sus justas reclamaciones, evitando la imposición de sanciones y/o de otras medidas compulsivas que se orienten al hostigamiento y la asechanza de los trabajadores por ese motivo”.