Cristina reprochó a Estado Unidos la reducción de beneficios comerciales
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo hoy que el gobierno abordará con "la mayor civilización y legalidad posible" la decisión de Estados Unidos de suspender a la Argentina como beneficiario del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), al tiempo que recordó la imposibilidad que tienen los exportadores de carne y de limón para colocar esos productos en el país del Norte.
"Son problemas cotidianos que se dan en toda gestión”, dijo Cristina al encabezar esta tarde un acto en Casa de Gobierno.
La jefa del Estado aseveró que "vivimos en un mundo muy competitivo, con muchos excedentes donde comienzan pequeñas guerritas o guerrillas comerciales que trataremos de abordar con la mayor civilización y legalidad posible”.
Al referirse a la imposibilidad que tienen los exportadores argentinos de carne y limón para colocar sus productos en el país del Norte, dijo que “no hemos podido poner carne en los Estados Unidos, y ni un solo limón, (porque) están la barreras fitosanitarias que son barreras para arancelarias”.
“Es bueno que todos los argentinos sepamos en qué consiste este modelo, pero fundamentalmente en qué mundo estamos viviendo porque si uno no lo entiende difícilmente se pueda abordar con exactitud y con éxito los problemas cotidianos que se dan en toda gestión”, enfatizó Cristina.
“Es importante saber con qué contamos” dijo, y ratificó que se continuará con “el modelo de crecimiento con inclusión social”.
“Cuando transportamos cosas importadas es por corto plazo, pero cuando transportamos cosas hechas en nuestro país, con nuestro trabajo, es para el futuro”, dijo Fernández de Kirchner.
En este sentido, la Cancillería argentina calificó hoy de "incomprensible y unilateral" a la decisión tomada hoy por Estados Unidos "de reducir los beneficios comerciales", que a nivel económico tiene escaso impacto en lo que respecta a los montos, ya que representa sólo el 0,1% del comercio bilateral.
"El lobby ejercido por los fondos buitres para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente", agregó la cartera que conduce Héctor Timerman.
Al justificar la decisión de quitar a la Argentina del sistema de franquicia comercial para países en desarrollo, el presidente de EEUU, Barack Obama, tomó en cuenta la queja presentada por dos empresas estadounidenses -Azurix y CMS-Blue Ridge-, luego que el CIADI laudara en favor de éstas en el pleito entablado contra el país.
"He determinado apropiado suspender la designación de Argentina como país en desarrollo beneficiario del SGP –Sistema Generalizado de Preferencias- porque no ha actuado de buena fe en la implementación de decisiones arbitrales en favor de ciudadanos o compañías de Estados Unidos", sostiene el documento que lleva la firma de Obama.
Esta decisión tiene, en términos de la balanza bilateral, poco peso, ya que "reduce en solo 18 millones de dólares anuales las facilidades de acceso a dicho mercado, que en el 2011 registró un intercambio comercial de 18.000 millones de dólares en bienes y servicios", precisó un comunicado del Ministerio de Industria.
Los exportadores argentinos utilizaban sólo el 52% del beneficio total de 30 millones de dólares concedido hasta el momento a la Argentina por esta franquicia.
Al respecto, una fuente gubernamental señaló a Télam que "era bastante engorroso hacer el trámite para obtener el beneficio".
La Cancillería, a través de un comunicado de prensa, sostuvo que "las dos empresas beneficiadas por la decisión del CIADI jamás aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina".
Enfatizó también que "tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del CIADI, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina".
A renglón seguido sostuvo que "la Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado Argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar".
"Pero, además, resulta manifestamente incomprensible una decisión que reduce en alrededor de 18 millones de dólares los beneficios de las empresas argentinas exportadoras frente a un comercio bilateral de bienes y servicios que alcanza los 18000 millones de dólares y que es ampliamente superavitario para Estados Unidos", agregó el comunicado de la Cancillería.
En el caso concreto de estas empresas, Azurix, ganó una demanda por 133 millones de dólares, y CMS Blue Ridge, por 165 millones de dólares.
La diferencia en torno a la existencia o no de "buena fe" de parte de Argentina pasa por la interpretación de dos artículos del CIADI respecto a los mecanismos para hacer efectivo el laudo.
La Argentina “rechaza claramente la interpretación ex post facto acuñada por Estados Unidos de que los laudos deben ser cumplidos voluntariamente por los Estados de conformidad con el artículo 53 del Convenio del CIADI”, dijo el canciller Jorge Argüello a principios de marzo.
En cambio, la Argentina toma en consideración para efectuar el pago el artículo 54 de dicho tratado, “que establece que ´los laudos se deben cumplir como si se tratara de una sentencia final de un tribunal local”, acotó el embajador.
Esto es, que la justicia argentina sea la que le indique al Ejecutivo el pago de la sentencia, que luego éste incluiría en el proyecto de Presupuesto local, que debe aprobar el Congreso.
Consecuentemente, para el país local “el inversor extranjero debe seguir el mismo procedimiento que sigue cualquier ciudadano que tiene una sentencia “final” contra el Estado nacional”.
En particular los fondos NML de Elliott, EM, del multimillonario Kenneth Dart, que se negaron a ingresar a los canjes de deuda del 2005 y del 2010 e intentan obligar a que el país les pague sin quita -es decir, el 100%- de sus tenencias en bonos en default.
Al respecto, el Ministerio de Industria de la Nación calificó de no relevante al monto de negocios que representa para Argentina el Sistema Generalizado de Preferencias de Estados Unidos y enfatizó que el intercambio comercial de bienes "fue de 11.901 millones de dólares, y en ese rubro la balanza bilateral fue favorable para EEUU en 3.501 millones de dólares.
"Además, en 2011 los exportadores argentinos sólo canalizaron el 52% de sus ventas potencialmente acogibles al Sistema Generalizado de Preferencias. Es decir que, aún pudiendo, los exportadores argentinos sólo utilizaron la mitad del mecanismo del Sistema Generalizado de Preferencias", subrayó la cartera de Industria.
Asimismo, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mendiguren, se pronunció en contra de la decisión del gobierno de Estados Unidos y dijo que "hay otros caminos para resolver esos problemas sin afectar los comercios bilaterales por situaciones de ese tipo. No es el camino a la integración que EEUU le está pidiendo a la Argentina", dijo Mendiguren a la prensa tras participar del seminario sobre capacitación laboral.