UPC le exige explicaciones a Clavijo y analizan presentar una cuestión de privilegio
El bloque de legisladores de Unión por Córdoba, encabezado por su presidente Sergio Busso, exige que el legislador del Frente Cívico, Edgar Santiago Clavijo, dé explicaciones y “se ponga a la altura de las circunstancias” sobre la supuesta emisión de cheques sin fondos del Sindicato de Luz y Fuerza, del que él es secretario adjunto.
En cambio, el líder del Partido Nuevo, Luis Juez, evitó pronunciarse al respecto, deslindó responsabilidades políticas al asegurar que es una cuestión que tienen que responder las autoridades del gremio de Luz y Fuerza.
En conferencia de prensa, los legisladores consideran como una “indignidad” para el Poder Legislativo la actitud de Clavijo por lo que no descartan la presentación de una cuestión de privilegio que podría terminar desde la demostración de inocencia del legislador ante estos hechos, pasando por una sanción como la suspensión de su banca hasta llegar a la destitución del parlamentario.
Además, Busso exhortó al juecista a que “le diga a esta Legislatura las explicaciones que significan esta conducta que para nosotros puede encuadrarse en una indignidad” y agregó que “si no satisfacen las explicaciones, el bloque va a evaluar acciones que vamos a seguir para tratar casos encuadrados en estas actitudes”.
Los legisladores oficialistas repudiaron la actitud del "conspicuo militante" del Partido Nuevo que comanda Luis Juez porque evadió su responsabilidad; al tiempo que sospechan del destino de estos fondos ya que "este Sindicato está muy vinculado a la vida política del Partido Nuevo", dijo Busso.
“Rechazamos absolutamente este tipo de actitudes y pedimos que el legislador Clavijo esté a la altura de las circunstancias”, enfatizó el presidente del bloque de Unión por Córdoba y enfatizó: “El partido nuevo se ha convertido en un partido donde deben recolectar sus dirigentes en el veraz, porque nos llama poderosamente la atención que sus principales dirigentes estén involucrados en el libramiento de cheques sin fondo”.
Asimismo, desmintieron la respuesta que Clavijo emitió en el diario Día a Día cuando fue consultado por los cheques sin fondos que llevan su firma y atribuyó la falta de respaldo de estos papeles al atraso de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en sus aportes sindicales “que antes eran siempre en tiempo y en forma”, había dicho.
Ante esto, Busso manifestó “la total hipocresía y mentira de dicha afirmación” y adelantó que el bloque presentará un pedido de informes a la Epec para certificar la falacia porque “la empresa provincial no le adeuda absolutamente nada al Sindicato de Luz y Fuerza”, dijo el parlamentario de UPC.
“Por eso nos llama poderosamente la atención que un sindicato tan poderoso en recursos como este tenga tanta dificultad para afrontar en estos meses la cifra de $700 mil. Es un tema q nos deja muchas dudas”, sostuvo Busso.
El asombro al que se refirió Busso recae en que un mes atrás se conoció la noticia que el líder del Partido Nuevo, Luis Juez, había girado más de un millón de pesos en cheques sin fondos.
Busso añadió que “lo que más nos llama la atención es esta actitud de dirigentes del Partido Nuevo que permanentemente denostan, acusan, denuncian, sobre todo con nuestro gobierno y nuestros dirigentes sin tener la misma actitud cuando tienen conductas como estas q estamos denunciando”.
Además recalcó que ante situaciones parecidas otros legisladores tomaron “actitudes mucho más sinceras y directas” renunciando a sus bancas, como fue el caso de los juecistas Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Augusto Varas y el oficialista Marcelo Falo.
Cabe recordar que según informó ayer el diario Día a Día, el Sindicato recibe aportes de los empleados mejor pagos del sector público que perciban ingresos promedio de 14 mil pesos, pero desde noviembre viene haciendo rebotar cheques, por un monto que llegó a estar por encima de los 700 mil pesos, según constata en la central de informes de cheques rechazados que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su página web.
En total, fueron rechazados 29 cheques emitidos por el sindicato, pero al viernes pasado se habían rescatado 20, por un monto de 436 mil pesos. Representaban, según el Banco Central, un 68 por ciento del total de cheques y un 59 por ciento del monto emitido sin respaldo, que fue de 730.756 pesos.
El viernes aún no registraban pagos dos cheques por 88 mil pesos girados en septiembre del año pasado y varios de este mes, por montos menores: 20 mil, 15 mil, 46 mil, 23 mil, 75 mil, etcétera.
Además de estar escrachado el sindicato, la página web publica los mismos cheques impagos en los resúmenes de Santiago Edgar Clavijo, el secretario adjunto de Luz y Fuerza y legislador del Frente Cívico.
Antecedentes
La Constitución de la Provincia de Córdoba establece, en su artículo 99 que “la Legislatura dicta su reglamento y puede, con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, corregir, excluir de su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad, y removerlo por inhabilidad física o psíquica sobreviniente a su incorporación (…)”.
En tanto, el artículo 100 de la Carta Magna Provincial dispone que la Legislatura “tiene facultad para sancionar las faltas cometidas dentro y fuera del recinto, que atenten contra el orden de las sesiones (…). En todos los casos debe asegurarse el derecho de defensa y debido proceso”.
En tanto, el Reglamento Interno de la Unicameral, en el capítulo cinco, artículo 129, expresa que “se consideran cuestiones de privilegio: Las que afectan los derechos de la Legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos, considerados desde la perspectiva de órganos representativos de los ciudadanos de la provincia, y; Las que afectan los derechos, reputación y conducta de los legisladores individualmente y sólo en lo que hace a su idoneidad representativa, entendiéndose por tal el conjunto de condiciones morales, intelectuales o físicas que son necesarios para el cargo de legislador y cuya ausencia inhabilitaría para su desempeño”.
También, el artículo 130 establece que para plantear una cuestión de privilegio, el legislador dispondrá de cinco minutos para mencionar el hecho concreto que la motiva. Luego, el presidente debe someterla inmediatamente y sin debate a votación del cuerpo. De lo contrario, si se pretende el tratamiento de la cuestión, se necesita el voto de los dos tercios de los presentes.
Un caso similar ocurrió con el ex legislador Marcelo Falo quien renunció a su banca el día que se conoció que había librado cheques personales sin fondos por varios millones de pesos (Ver Falo: "Yo no emití cheques sin fondos").
La cuestión de privilegio que Unión por Córdoba inició contra el ex legislador juecista Miguel Ángel Ortiz Pellegrini fue el primero de una seguidilla que se impulsaron entre estas dos fuerzas, donde la última parecía ser la que recibió el oficialista Horaldo Senn, pero que ahora podría llegar a agregarse la del juecista Clavijo.
El presidente del bloque de UPC de la anterior composición parlamentaria presentó en 2009 una cuestión de privilegio contra Ortiz Pellegrini por haber litigado en causas patrimoniales en contra del estado siendo legislador, cuestión prohibida por el artículo 88 de la Constitución de la Provincia, que terminó con la renuncia del ex legislador (Ver Time to say good bye).
Por esa misma fecha, el Frente Cívico y Social presentó una cuestión de privilegio en contra del legislador mandato cumplido de UPC, Domingo Ángel Carbonetti, por supuestas violaciones al artículo 88 de la constitución provincial y de la ley 5805, que terminó en la inocencia del ex parlamentario según los dictámenes emitidos por el Colegio de Abogados de Córdoba (Ver Doble o nada).
Los ex legisladores que pasaron por situaciones parecidas fueron el titular de la Unión Obrera Metalúrgica y ex legislador del FCyS, Augusto Varas, que terminó renunciando a su banca al ser imputado por la Justicia Federal de Córdoba por malversación de fondos aunque después terminó sobreseído. También el oficialista Horaldo Senn por su supuesta vinculación con delitos de lesa humanidad en la vecina provincia de Santa Fe, cuestión de la que quedó sobreseído el 15 de diciembre pasado y que semanas atrás UPC desagravió en el recinto de sesiones (Ver Varas: "No es forma de hacer política el avasallar a otro" y UPC desagravió a Senn, pero el juecismo dijo no arrepentirse).