Tribunal de Catamarca reúne más pruebas para juicio por delitos de lesa humanidad
El Tribunal que llevará adelante el juicio por la desaparición de cuatro catamarqueños durante la dictadura militar, a partir del 23 de abril, realizó diversos procedimientos en la vivienda de una de las mujeres secuestradas y desaparecida, como etapa previa al debate contra los represores Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rauzzino.
El procedimiento se concretó por segunda vez en la vivienda de la familia de Nelly Yolanda Borda, para lo cual las partes debieron reunirse en la ciudad de Belén, en donde magistrado y abogados dialogaron con los hermanos de Yolanda Borda, quienes se encontraban en ese lugar cuando se produjo el secuestro.
El presidente del Tribunal Oral Federal, Juan Carlos Reynaga, el secretario Rafael Vehils Ruiz; el secretario Fiscal, Javier Merep; y en representación de la querella particular, Guillermo Andrés Díaz Martínez, inspeccionaron la vivienda de donde fue secuestrada Borda, el 27 de enero de 1977.
Aunque la propiedad fue modificada desde el momento en que ocurrieron los hechos, las pericias y el registro ocular sirvieron para incorporar todas las pruebas solicitadas por los querellantes.
Además de las inspecciones oculares, aún resta incorporar pruebas informativas solicitadas a tribunales de Buenos Aires, Tucumán y otras provincias, en donde ya se hicieron juicios de lesa humanidad.
También se solicitaron informes al Ejército, para relevar cuáles eran las funciones que cumplían los imputados por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.
El proceso, el primero por delitos de lesa humanidad que se realiza en Catamarca, comenzará el lunes 23 de abril a las 9 y en el se procurará determinar la responsabilidad por las desapariciones y muertes de Nelly Yolanda Borda, Francisco Gregorio Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce y Genaro Burgos, hechos ocurridos entre 1976 y 1977.
Menéndez, Lucena y Rauzzino, fueron notificados el pasado viernes, y deberán fijar domicilio real en Catamarca en un plazo de cinco días, a fin de comenzar la planificación de este debate por "privación ilegítima de la libertad".
Según se informó hoy a Télam, está previsto que declaren 51 testigos, entre ellos varios pertenecientes a la familia Borda.
La causa fue elevada a juicio en 2011, y la instrucción estuvo a cargo del juez federal Ricardo Antonio Moreno.
Mientras a Menéndez y a Lucena se les endilga responsabilidad en todos los hechos, Rauzzino, entonces jefe de la Policía de la provincia, sólo deberá responder por la desaparición física de Genaro Burgos y Griselda Ponce, ocurrida en diciembre de 1976.