Con el alegato de Abuelas, comenzó la etapa final de juicio por el robo de bebés
La existencia de un "plan sistemático" para el robo de bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio durante la última dictadura militar, fue el eje de la argumentación de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo durante la primera jornada de alegatos en el juicio oral que se sigue a ocho represores por la apropiación de menores.
"Hay innumerables pruebas de la sistematicidad de los robos de niños que luego fueron criados en la mentira”, dijo esta mañana el abogado Alan Iud, quien acusó a los responsables del “terrorismo de Estado” por el “plan general de exterminio de militantes políticos” y, en ese marco, los “perversos y crueles métodos” implementados por los represores.
El letrado enfatizó que “la suerte de los niños” apropiados “estaba atada a la de sus padres” por lo que los represores recurrían “a la aberrante práctica de hacer desaparecer a las madres para que los bebés jamás llegaran a manos de sus familiares”.
En la introducción de su alegato –que culminará mañana por la tarde cuando solicite la pena para los imputados- Iud ponderó el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de “memoria, verdad y justicia” y que, en el pasado, muchas veces debieron hacerlo “sin respaldo institucional”.
En ese sentido, aludió a la “excesiva demora” de trámite del juicio, en referencia a los 15 años que transcurrieron desde que Estela de Carlotto realizó la denuncia sobre el “plan sistemático” para el robo de bebés; y sostuvo que ello permitió que “fallecieran impunes” los represores Eduardo Emilio Massera, Carlos Suárez Mason y Cristino Nicolaides, entre otros.
También se lamentó que “abuelas murieran sin conocer el destino de sus nietos” y puntualizó que el robo de bebés formó parte de un “plan general de exterminio” perpetrado por una “maquinaria de horror” que se comenzó a gestar en 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando los represores se organizaron para usurpar el poder el 24 de marzo de 1976.
Mientras era leído el alegato del abogado de Abuelas, el dictador Jorge Rafael Videla se quedó dormido y fue apercibido por la presidenta del Tribunal Oral en lo Federal 6, que instó a sus defensores oficiales a despertarlo.
Los letrados oficiales, quienes además asisten al también dictador Reynaldo Benito Bignone, cumplieron de inmediato la orden de la camarista María del Carmen Roqueta quien los instó a “por favor señores defensores díganle al imputado que tiene que permanecer despierto”.
En este juicio están acusados los represores Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, el ex general Santiago Omra Riveros, el ex almirante Antonio Vañek, el ex capitán de la Marina Jorge "Tigre" Acosta, el ex prefecto Jorge Azic, el ex marino Rubén Franco y el ex médico del hospital Naval acusado de haber asistido a los partos en la maternidad clandestina de la ESMA, Jorge Magnacco.
Con la exposición de la querella entró hoy en su etapa final el juicio oral en esta causa y, según anticipó a Télam el fiscal Martín Niklison, cuyo alegato se escuchará luego de Semana Santa, en la que se acreditó que "las órdenes para apropiarse los recién nacidos fueron dadas desde arriba, no fue iniciativa de personas aisladas, esto estuvo organizado".
Las fuentes consultadas indicaron que el delito que juzga el Tribunal Oral Federal 6 no prevé la pena de prisión perpetua pero sí penas importantes, sobre todo en aquellos casos en los que la apropiación se prolongó en el tiempo y en que las víctimas recuperaron la identidad pocos años atrás o aún se comete porque no se ha dado con el bebé robado.
"Que las órdenes fueron dadas desde arriba quedó claro con la maternidad clandestina que se instaló en la ESMA, por ejemplo", precisó Niklison, en referencia al lugar donde se hacía dar a luz a secuestradas embarazadas en ese centro clandestino de detención y que fue apodado por los mismos represores como la "pequeña Sardá".
En este juicio se juzgó, además, al ex carapintada Victor Gallo y su ex esposa por la apropiación del nieto recientemente recuperado Francisco Madariaga Quintela y al represor Eduardo Ruffo por el robo de Simón Riquelo, cuando nació en el centro clandestino de detención Automotores Orletti.
Todos son juzgados por "sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años", en algunos casos por un hecho puntual, como Gallo o Azic y en otros por haber tenido poder de decisión en la implementación del plan de apropiación por el cargo que ostentaban.
En total y por primera vez en un juicio oral, se analizaron 35 hechos de apropiación, entre ellos los de la nieta del poeta Juan Gelman, de Carlotto, de "Chicha" Mariani y los de los nietos recuperados Victoria Montenegro, el legislador Juan Cabandié y Victoria Donda, entre otros.
Por la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 pasaron unos 400 testigos, entre víctimas de la apropiación, familiares, sobrevivientes de centros clandestinos de detención y otros que dieron cuenta entre otros aspectos de irregulares procedimientos de adopción llevados adelante por jueces de menores, algo que podría derivar en pedidos de apertura de causas penales nuevas por parte del Tribunal oral cuando de a conocer el veredicto.
En el juicio se analizaron los robos de bebés en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en Campo de Mayo y los conocidos como "Pozo de Banfield" y "la Cacha".
El debate oral y público comenzó el 28 de febrero de 2011 ante los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Domingo Luis Altieri, quienes escucharán ahora alegatos durante al menos dos meses antes de pasar a la etapa de últimas palabras de los juzgados y luego el veredicto.
Previo a ingresar a Tribunales, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo manifestó "su espíritu de satisfacción" por el ingreso en sus tramos finales de este juicio.
Carlotto dijo que fueron "larguísimos 15 años" para la recolección de pruebas que permitirán condenar -según afirmó- a los "genocidas y depredadores" integrantes de esa "dictadura feroz que usurpó el poder" en 1976, y calificó a los imputados como "peor que animales porque aún reivindican sus crímenes".
La titular de Abuelas anticipó que sus abogados "pedirán penas de hasta 50 años" de prisión para algunos de los imputados, aunque el abogado Alan Iud se excusó de revelar cuál será el contenido de la sanción que solicitarán. "Corresponde que lo digamos ante los jueces", dijo el letrado.
Finalmente, Carlotto se mostró confiada en la resolución de la justicia, que "felizmente entiende cada día más" el análisis de estos hechos y ratifica que "no se puede convivir con los asesinos de más de 30 mil personas ni con quienes nos robaron más de 500 nietitos".