Con el rechazo de la oposición, sancionaron la ley que otorga subsidio a ex presos políticos
Tras cuatro horas y media de debate en sesión especial, la Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto de ley impulsado por el legislador de Unión por Córdoba (UPC), Carlos Alessandri, que crea el subsidio honorífico para la "reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura".
La iniciativa, que fue votada en forma nominal, fue rechazada por los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Frente Cívico y Social (FCyS) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), al coincidir en que el oficialismo "violó lo acordado con los organismos de Derechos Humanos", puesto que el beneficio es excluyente para quienes perciban ingresos de cualquier tipo superiores a los $3.000 y porque sólo recibirán la reparación quienes hayan estado detenidos como mínimo un año, durante la última dictadura militar.
En tanto, el legislador Aurelio García Elorrio del bloque Encuentro Vecinal Córdoba, acompañó en general la iniciativa pero la rechazó en particular al considerar que “no pueden beneficiarse de este proyecto aquellas personas que tomaron las armas contra las instituciones democráticas, las personas que atacaron gravísimamente a la democracia argentina”.
Puntualmente, García Elorrio dijo no poder aceptar, y por eso vota en contra en particular, que ninguna persona que haya pertenecido a organizaciones armadas como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y la Triple A perciban este subsidio porque perpetuaron acciones violentas entre 1973 y 1976 cuando regía el sistema democrático y aclaró: “Esto no es teoría de los dos demonios, es uno sólo, la violencia es una sola”.
Durante su alocución, el parlamentario enumeró por más de 40 minutos atentados cometidos por miembros de estas organizaciones y enfatizó que “no nos pidan que hagamos reconocimiento a quienes fueron enemigos viscerales del sistema democrático”.
“Eso no era democracia, era querer el poder de boca del fusil. Nos negamos a que esta Legislatura le dé un homenaje a esta gente porque hay que hacer docencia para adelante”, agregó.
Los bloques de la UCR, el FCyS y el FIT justificaron su voto en contra en la poca permeabilidad del oficialismo de modificar el despacho que fue aprobado y que dista mucho del acordado con los organismos de derechos humanos en las respectivas reuniones de comisión.
Estos bloques coincidieron en cuestionar que la normativa fije un lapso de tiempo de detención (un año) para poder ser merecedores del beneficio; ni tampoco con la fecha en que se encuadra el subsidio, ya que consideran que las detenciones por pensar diferente comenzaron antes del estallido del golpe cívico militar.
Tampoco estuvieron de acuerdo con que los únicos destinatarios del subsidio sean las personas que no perciban ingresos de ningún tipo superiores al monto del beneficio en cuestión.
Pese a la insistencia de la oposición en la modificación del proyecto de ley, y con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Graciela Chayep, el ministro de Transporte, Dante Heredia y representantes de organismos de Derechos Humanos, la Unicameral sancionó esta ley que otorgará una suma equivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros, con carácter de no contributivo, personal, mensual, vitalicio e inembargable a todos aquellos ciudadanos que hubieran permanecido detenidos por más de un año.
La propuesta, establece como requisitos para poder percibir este beneficio haber sido detenido por causas políticas al menos un año entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983; tener residencia en la Provincia de Córdoba por un periodo no inferior a los diez años continuos, discontinuos, anteriores o posteriores a la dictadura; la detención debe haberse producido en la Provincia de Córdoba y deben percibir remuneración hasta un monto similar a la reparación provincial.
Por otro lado, la iniciativa señala que en caso de fallecimiento del beneficiario directo de la “reparación provincial a expresos políticos de la dictadura”, tienen derecho a la percepción de la misma el cónyuge supérstite, el conviviente en aparente matrimonio, y/o los hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta que alcancen la mayoría de edad e hijos incapacitados para el trabajo mientras dure la incapacidad.
En tanto, también establece que la Autoridad de Aplicación sería el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los organismos de Derechos Humanos se desempeñarán como órgano consultivo.
La sesión se realizó a partir de la convocatoria de los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputado de la Nación, Amado Boudou y Julián Domínguez respectivamente, a todas las legislaturas provinciales para que en simultáneo celebren sesiones especiales este 24 de marzo, al conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.