Debaten la ley que otorga subsidio a ex presos políticos
En sesión especial, la Legislatura de Córdoba está debatiendo el proyecto de ley impulsado por el legislador de Unión por Córdoba (UPC), Carlos Alessandri, que crea el subsidio honorífico para la “reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura”.
La sesión se realiza a partir de la convocatoria de los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputado de la Nación, Amado Boudou y Julián Domínguez respectivamente, a todas las legislaturas provinciales para que en simultáneo celebren sesiones especiales este 24 de marzo, al conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
De esta manera, y con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Graciela Chayep, el ministro de Transporte, Dante Heredia y representantes de organismos de Derechos Humanos, la Unicameral de Córdoba aprovecha el acontecimiento para sancionar la ley que otorgará una suma equivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros, con carácter de no contributivo, personal, mensual, vitalicio e inembargable a todos aquellos ciudadanos que hubieran permanecido detenidos por más de un año.
La propuesta, establece como requisitos para poder percibir este beneficio haber sido detenido por causas políticas al menos un año entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983; tener residencia en la Provincia de Córdoba por un periodo no inferior a los diez años continuos, discontinuos, anteriores o posteriores a la dictadura; la detención debe haberse producido en la Provincia de Córdoba y deben percibir remuneración hasta un monto similar a la reparación provincial.
Por otro lado, la iniciativa señala que en caso de fallecimiento del beneficiario directo de la “reparación provincial a expresos políticos de la dictadura”, tienen derecho a la percepción de la misma el cónyuge supérstite, el conviviente en aparente matrimonio, y/o los hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta que alcancen la mayoría de edad e hijos incapacitados para el trabajo mientras dure la incapacidad.
En tanto, también establece que la Autoridad de Aplicación sería el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los organismos de Derechos Humanos se desempeñarán como órgano consultivo.