La Unidad Fiscal advirtió sobre resistencias para realizar juicios en Jujuy
La Unidad Fiscal de coordinación en causas por delitos de lesa humanidad, advirtió hoy sobre "resistencias y dificultades" en muchas provincias de encarar procesos por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar, y puso como ejemplo de ello a Jujuy.
Según la Unidad Fiscal en esa provincia norteña todavía no hubo ningún juicio y un magistrado "ha denegado o ignorado" el 88 por ciento de los pedidos de declaración indagatoria hechos por fiscales.
"El proceso de juzgamiento de los delitos cometidos por el terrorismo de Estado todavía enfrenta resistencias y dificultades en muchas jurisdicciones del país", advirtió el fiscal general Jorge Auat y el coordinador de la Unidad Fiscal Pablo Parenti, en un informe sobre la marcha de las causas.
Citaron como ejemplo la "alarmante situación que se presenta en la provincia de Jujuy, en la que aún no hubo juicios y el juez de instrucción (Carlos Olivera Pastor) ha denegado o ignorado el 88 % de las indagatorias pedidas por la fiscalía".
También hicieron referencia a "demoras preocupantes" en La Plata "donde hay indagatorias pedidas desde el año 2007 y existen causas paralizadas que se refieren a centros clandestinos de gran envergadura" como los denominados "Pozo de Banfield", y "Pozo de Quilmes".
"Vemos con gran preocupación las constantes demoras que se presentan por la falta de fijación de fecha de audiencias, la suspensión de audiencias o la fijación de un calendario de audiencias muy espaciado, lo que provoca una desmedida extensión de los juicios en el tiempo, con la consiguiente demora de los juicios que están pendientes", evaluaron los fiscales.
Precisaron que en Rosario "un juicio oral que podría haberse realizado en el curso de unos meses, comenzó en junio de 2010 y aún no ha finalizado, con el agravante de que existen varios juicios en lista de espera".
"Estas circunstancias, sumadas a otras como la negativa a acumular casos evidentemente conexos, a la constante y tortuosa tramitación de planteos dilatorios, etc., muestran un escenario complejo para el avance de las causas que requiere que todas las instituciones involucradas en la administración de justicia extremen los recaudos para evitar o subsanar estos problemas", opinaron.
En este marco, concluyeron que "sin medidas de control y de gestión por parte de las agencias pertinentes se corre el riesgo de que el proceso de justicia se frustre respecto de un gran número de casos, con la consiguiente impunidad de muchas personas acusadas".
Desde el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, hubo 273 condenas de las cuales sólo 43 están firmes mientras que hay 875 procesados "480 de los cuales ya tiene alguna causa elevada a juicio y otros 125 tienen ya alguna causa en la que la fiscalía pidió la elevación a juicio".
En la actualidad se desarrollan 15 juicios orales o escritos por delitos contra 460 víctimas de la represión ilegal y comenzarán próximamente otros siete.