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La Oficina Anticorrupción le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que eleve a juicio oral la causa en la que el ex presidente Fernando de la Rua está procesado en la causa por el pago de sobornos, en 2000, en el Senado de la Nación para la aprobación de la ley de reforma laboral, posteriormente derogada.
De la Rua está procesado por "cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos" delitos que prevén penas de hasta diez años de prisión.
Así lo confirmaron esta tarde a Télam fuentes tribunalicias, que indicaron que la OA afirmó que "la prueba reunida durante la instrucción, ha incluido el aporte formulado por denunciantes y testigos, la contribución valiosa del periodismo, y la intensa tarea del ministerio público y del magistrado instructor, que ha permitido reunir una gran cantidad de evidencias".
En su escrito, de más doscientas carillas, la OA resaltó la importancia de la confesión del arrepentido (y procesado) Mario Pontaquarto, "por su solvencia, por su coherencia narrativa, por su completitud e integridad, resulta ser la evidencia de cargo de mayor peso obrante en la causa", que junto con la demás prueba reunida "le han otorgado una fortaleza y un poder de convicción indubitable".
En la solicitud de elevación a juicio se sostiene que la declaración de Pontaquarto "se encuentra al abrigo de todo vicio y posee plena eficacia como prueba de cargo en el proceso" en contra de De la Rúa y otros ochos coautores que ya están a la espera del juicio oral.
Respecto del ex presidente la OA señaló que éste "no sólo aceptó, sino que hizo propia la maniobra ilícita al dar el visto bueno y aprobar toda la operación, que incluía el permiso y autorización para la disposición final de fondos de la SIDE, para satisfacer las demandas de los senadores involucrados en el plan criminal urdido".
"En el presente caso el cúmulo de pruebas reunidas, inusual en delitos realizados en las sombras y con fuertes pactos de silencio y de impunidad, supera ampliamente los grados de certeza necesarios para fundar un procesamiento", concluye el dictamen presentado al juez Rafecas.
El magistrado oportunamente dictó el procesamiento de De la Rua -luego confirmado por la Cámara Federal- en una resolución, de 900 fojas, en la que le imputó haber tenido el "pleno control y aprobación de las negociaciones ilícitas que culminaron en el pago en efectivo de casi cinco millones de pesos/dólares" a fines de abril de 2000 para la aprobación de la cuestionada ley
Rafecas también procesó al ex senador radical José Genoud (luego se suicidó), al titular de la SIDE delarruista Fernando de Santibañes y al ex ministro de trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique; junto a Pontaquarto, por el pago de las coimas (cohecho activo).
Por el cobro de los sobornos (cohecho pasivo) están procesados y a la espera del juicio oral los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Remo Costanzo, Ricardo Branda, Alberto Tell y Emilio Cantarero, quienes conducían las negociaciones para la aprobación de esa norma.