El tribunal de Catamarca reúne más pruebas para iniciar juicio por delitos de lesa humanidad
El Tribunal que integrará el histórico juicio por la desaparición de cuatro catamarqueños durante la dictadura militar realizó diversos procedimientos en la vivienda de una de las mujeres secuestradas, como etapa previa al debate oral que tendrá entre los acusados a los represores Luciano Benjamín Menéndez, Carlos Alberto Lucena y Juan Daniel Rauzzino.
En el marco de esos procedimientos, se llevó a cabo una inspección en la casa de la familia de Nelly Yolanda Borda, en la ciudad Belén, hasta donde se trasladó el presidente del Tribunal Oral Federal de Catamarca, Juan Carlos Reynaga, para dialogar con los hermanos de la víctima, quienes se encontraban allí cuando ocurrió el secuestro de la mujer, el 27 de enero de 1977.
Junto al juez estuvieron el secretario Rafael Vehils Ruiz; y el secretario Fiscal, Javier Merep; mientras que en representación de la querella particular asistió Guillermo Andrés Díaz Martínez.
Aunque la propiedad fue modificada desde el momento en que ocurrieron los hechos, las pericias y el registro ocular sirvieron para incorporar todas las pruebas solicitadas por los querellantes y avanzar en la resolución de la fecha de inicio del debate.
Aún resta sumar pruebas informativas solicitadas a tribunales de Buenos Aires, Tucumán y otras provincias.
También se solicitaron informes al Ejército para relevar cuáles eran las funciones que cumplían los imputados por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.
Una vez que el Tribunal sume todas las pruebas requeridas, se podrá fijar fecha para que inicie el juicio.
La causa que investiga el secuestro de Nelly Yolanda Borda, Genaro Burgos, Francisco Gregorio Ponce y su hermana Griselda fue elevada a juicio en 2011, y la instrucción estuvo a cargo del juez federal Ricardo Antonio Moreno.
Mientras al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y al ex jefe del Regimiento 17, Lucena, se les endilga responsabilidad en todos los hechos, Juan Daniel Rauzzino, entonces jefe de la Policía de la provincia, sólo deberá responder por la desaparición de Genaro Burgos y Griselda Ponce, ocurrida en diciembre de 1976.