Los 100 primeros días de la continuidad del modelo K
Al cumplirse mañana cien días de su segunda gestión, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner demostró que en este tercer mandato kirchnerista, el gobierno continuará enfrentado a los grandes poderes de la Argentina, trabajando fuertemente por la unidad e independencia de la región e intensificando su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
Si bien la primera etapa del segundo gobierno de Cristina estuvo beneficiada por el fuerte respaldo que recibió en las elecciones presidenciales de octubre de 2011 y por la recuperación del control del oficialismo en el Congreso de la Nación que permitió la aprobación de leyes esenciales para el modelo, también se vio opacada por una intervención quirúrgica a la que debió ser sometida la mandataria en enero y a la renuncia del ex Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi luego de la tragedia ferroviaria en Once.
Además, el gobierno debió enfrentar las denuncias contra el vicepresidente, Amado Boudou, el enojo de los docentes por sus declaraciones en la apertura de las sesiones ordinarias, y las amenazas del secretario general de las Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano.
En este sentido, en el discurso de asunción, la jefa de Estado cuestionó los reclamos gremiales y dijo que "para los que reivindican a Perón y nos critican a nosotros, en la Constitución de 1949 no había derecho a huelga" y aclaró que en su gobierno "hay derecho de huelga, pero no de chantaje ni de extorsión".
En respuesta a los dichos de Cristina, Moyano renunció a la presidencia del PJ bonaerense y aclaró que “los trabajadores no son chantajistas”. Además, dijo que el partido “es una cáscara vacía” y, a pesar de su renuncia, recordó su incondicional apoyo al gobierno pero advirtió que no volverá a negociar hasta que se cumplan sus reclamos y afirmó que no abandonará la lucha.
Asimismo, el titular de la central obrera aseguró que más de la mitad del 54 por ciento de los votos que obtuvo la presidenta en las elecciones “le corresponde a los trabajadores” y sostuvo que "por ahí a algunos no le cae bien que a un negro laburante y de pelo duro opine políticamente".
Más tarde, Moyano difundió dos cartas en las que pidió retomar el diálogo con el gobierno y continuó participando en disertaciones en las que marcó su distanciamiento del gobierno e insistió con que su objetivo es que un "trabajador" llegue a la Casa Rosada.
En tanto el cargo de Moyano en el PJ fue ocupado por Cristina Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Perón, quien manifestó su incondicionalidad con el proyecto nacional y popular.
Por otra parte, tras su asunción, Cristina llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso y aprovechó la nueva conformación para aprobar una serie de leyes que habían sido trabadas por la oposición.
En dos sesiones maratónicas, el Senado sancionó el Presupuesto 2012, la prórroga de la emergencia económica y del impuesto a los cigarrillos, al cheque y a los derechos de exportación de combustibles, la ley de tierras, la norma que crea un nuevo estatuto para el peón rural, la ley antiterrorista y la que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de papel para diarios.
Uno de los momentos de mayor incertidumbre que debió enfrentar el kirchnerismo en los últimos cien días fue cuando el 27 de diciembre la presidenta anunció que debía operarse por un carcinoma papilar en la tiroides.
Luego de ser operada exitosamente y recibir el alta, se anunció que la presidenta no padecía cáncer de tiroides sino que se trataba de "adenomas foriculares", lo que generó una especulación y criticas por parte de los medios monopólicos, y el alivio de muchos.
Por este motivo, Boudou estuvo a cargo del Ejecutivo del 4 al 24 de enero.
Durante ese período, el vicepresidente firmó un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para el traspaso formal de los subtes a jurisdicción metropolitana.
Las condiciones de la transferencia de competencia sobre el Subte implican que ambas jurisdicciones mantendrán por un año el pago de 720 millones de pesos de subsidios por partes iguales, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tendrá la potestad de fijar tarifas y revisar los contratos de manera unilateral.
Tras la firma del acta, Macri no dudo en aumentar un 127 por ciento la tarifa del subte, sin consulta popular previa, y llevó el boleto a 2,50 pesos, lo que provocó cinco jornada de protesta que consistieron en la apertura de molinetes en las principales estaciones de todas las líneas en horarios picos y la presentación de ocho pedidos de amparos.
Pese a la decisión del gobierno porteño de aumentar el precio del subte, en menos de un mes, Macri decidió suspender el traspaso del servicio argumentando que no quiere hacerse cargo de algo que es inseguro. El arrepentimiento se produjo luego que la Nación retirara la custodia de la Federal en los subtes, que ya dependía de la Ciudad.
Por este motivo, en su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias, Cristina decidió prorrogar por 30 días más la custodia de las estaciones "para que organicen 250 personas" de la Policía Metropolitana que los reemplacen y calificó de "bochornosa" la decisión de Macri.
"Nadie, cuando firma un contrato administrativo, puede devolverlo por conferencia de prensa", remarcó Cristina, al tiempo que recordó que el Gobierno nacional lleva "depositados todos los subsidios", cumplimentó "todas sus obligaciones" y continúa llevando adelante la obras del subte E.
Hasta el momento, y pese a que la Nación intimó a Macri a hacerse cargo del servicio, el jefe de Gobierno se reusa a cumplir con el acuerdo que firmó.
Por otra parte, Cristina ratificó en su asunción su compromiso con los más humildes y su irrenunciable lucha contra las corporaciones.
En este sentido, dijo que no cederá a pesar de los aprietes que sufrió con la fuga de capitales y el intento de desestabilizar el precio del dólar con la compra masiva de la divisa estadounidense por parte de los grandes grupos de poder, motivo por el cual el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo que destinar parte de las reservas a la satisfacción de la alta demanda.
Asimismo, mantiene sus fuertes críticas a Clarín y La Nación, a quienes en sus últimos discursos vinculó explícitamente con la dictadura y afirmó que “dan lástima”.
La mandataria se refirió a una entrevista al represor Jorge Rafael Videla, en la cual llama a "ganar la guerra política a través de los mensajes y los medios de comunicación" y que habla de los 30 mil desaparecidos y se pregunta: “¿Son una realidad, un invento, una especulación política o económica? ¿Qué son realmente los desaparecidos?". Videla dice además que "hemos perdido una gran oportunidad en las últimas elecciones. Si, si el país cambiara de rumbo seguramente no estaríamos presos´”.
Unos de los ejes de este segundo gobierno de Cristina es la recuperación de las Islas Malvinas. El eterno conflicto con Inglaterra se volvió mas tenso aún luego que el primer ministro británico, David Cameron, tratara a la Argentina de “colonialista”.
Con el respaldo de toda la región, y la neutralidad de Estados Unidos, Argentina denunció al Reino Unido ante la el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por llevar adelante "una militarización" del Atlántico Sur.
El canciller Héctor Timerman explicó que la denuncia que presentó ante la ONU “tiene información que el Reino Unido ha introducido armas nucleares” a la zona de las islas Malvinas.
Asimismo informó que tanto el secretario general de la ONU, como los presidentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General avalan el oficio de diálogo, así como Argentina, por lo que “todos aceptan dialogar, sólo falta el Reino Unido”.
Además, el gobierno resolvió implementar una nueva estrategia de acciones legales ante la ilícita exploración de hidrocarburos en el Atlántico Sur, y afirmó que con ella el Estado afirma “la soberanía sobre el área y sus recursos” naturales, tanto a las empresas petroleras como a las que les prestan servicios tercerizados.
Timerman explicó que “el plan es para preservar la paz y procurar la resolución pacífica” del conflicto de soberanía, y sostuvo que las acciones se basan en la violación de la resolución de Naciones Unidas, y el de que ninguna de las partes (Argentina y Reino Unido) puede introducir modificaciones unilaterales en lo que dure el conflicto.
Asimismo, la ministra de Industria, Débora Giorgi, llamó a directivos de una veintena de firmas nacionales y multinacionales a no importar productos e insumos de Inglaterra.
El Gobierno decidió enfrentar también en esta nueva etapa a las grandes empresas petroleras por presuntos sobreprecios en la venta de combustible a granel.
El Ejecutivo denunció a Repsol-YPF, Shell Argentina, Esso, Petrobras Argentina y Oil ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por presunto abuso de posición dominante y cartelización del mercado de combustibles, que generarían sobreprecios en la provisión por unos 3.500 millones de pesos anuales.
Asimismo, reclamó a estas empresas que incrementen la producción y reinviertan en el país.
A tono con el gobierno nacional, los gobernadores de Chubut, Martín Buzzi, y de Santa Cruz, Daniel Peralta, anunciaron que quitarán concesiones a la petrolera local YPF debido a una caída en las inversiones y la producción y amenazaron con retirar otras concesiones en sus provincias si "no hacen lo que corresponde".
"Nos cansamos de políticas que se dirigen desde España para sacar el petróleo de esta Patagonia querida", dijo Peralta.
Ante ese emplazamiento, YPF respondió con un descargo afirmando que cumplió con los objetivos de inversión acordados, pero la respuesta de la petrolera no satisfizo a las provincias involucradas.
Al respecto, Cristina lamentó que el Estado nacional no maneja el combustible ni la generación, lo que obliga al país a destinar fondos por más de 10.000 millones de dólares en importación, a pesar de contar con plataformas y yacimientos de hidrocarburos.
Por otro lado, el 22 de febrero pasado ocurrió un accidente ferroviario en la estación de Once que dejó 51 muertos, más de 700 heridos, y la renuncia del Secretario de Transporte.
A dos semanas de la tragedia y luego de ser internado por un fuerte dolor en el pecho, Juan Pablo Schiavi presentó su renuncia argumentando que lo hace por "estrictas razones de salud", y fue reemplazado por Alejandro Ramos.
Respecto al accidente, Cristina dijo que no le va "a temblar" las manos "para tomar las decisiones que correspondan" con la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), que fue intervenida por el Gobierno luego de la tragedia ocurrida la semana pasada en la terminal de Once de la ex línea Sarmiento.
Además, ante una información del diario Clarín que dijo que la Presidenta no recibió a los familiares de las victimas, la secretaría General de la Presidencia emitió un comunicado aclarando que Cristina se encontró con los mismos "sin cámaras ni prensa, y resguardando la privacidad y el dolor de las personas”.
Respecto a la causa, que recayó sobre el juez federal Claudio Bonadio, el Estado fue aceptado como querellante, lo que le permitirá acceder al expediente y sugerir medidas de prueba.
Bonadio resolvió hacer lugar al pedido del gobierno porque el servicio que presta la empresa TBA es un transporte público que “debe ser garantizado por el Estado Nacional” y aclaró que otorgarle ese rol “no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas”.
En el marco de esta causa el juez prohibió la salida del país de Schiavi y de autoridades de la empresa TBA, entre ellos Claudio Roque Cirigliano. La medida, que incluye a otros funcionarios de menor rango de la Secretaría de Transporte.
Por otra parte, en lo que va del año, el Amado Boudou y la Ministra de Seguridad, Nilda Garré fueron denunciados por diferentes hechos.
Boudou fue acusado de haber gestionado el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone, de Alejandro Vanderbroele, a quien las denuncias señalan como su supuesto testaferro.
Mientras que diputados de un sector de la oposición presentaron hoy un pedido de juicio político al vicepresidente por "la eventual comisión de delitos en ejercicio de sus funciones", él aseguró que existe un “entramado con intereses siniestros y poderes oscuros que hacen negocios todos los días y no los vemos” y dejó en claro que no le pesa “el menor temor para responder a cada una de las acusaciones” por el caso Ciccone.
El vicepresidente dijo que es víctima de “una operación construida en base a mentiras" que atribuyó al duhaldismo y al grupo Boldt y se mostró confiado en que la Justicia probará que no tiene "nada que ver" con los hechos que se le imputan en el denominado caso Ciccone.
En tanto la ministra Garré fue acusada de permitir la realización de un espionaje irregular de la Gendarmería denominado “Proyecto X” contra trabajadores y dirigentes de izquierda.
Al respecto, Garré advirtió que será “inflexible" si se llegara a determinar la existencia de acciones espionaje que fueran más allá de la recolección de información ordenada por la Justicia en cada caso, y aclaró no tomará “decisiones" antes de la auditoria informática que ordenó.
Respecto al reclamo salarial docente, Cristina cuestionó que "trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, con jornadas laborales de 4 horas y 3 meses de vacaciones, cómo es posible que sólo tengamos que hablar de salarios y no hablemos de los pibes que no tienen clases".
Estas declaraciones causaron malestar en el sector que resolvió hacer un paro nacional que tuvo un fuerte acatamiento para manifestar su repudio.
"Les pido la colaboración y la reflexión sobre los valores que representan, que son los de la escuela y los de la universidad pública", reclamó la mandataria.
En relación a las medidas que la presidenta propuso para este segundo gobierno es poner fin a la norma de la convertibilidad.
La presidenta elevó al Congreso un proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que pone "punto final" a la ley de convertibilidad, de manera que la entidad tenga la "obligación de intervenir en la economía real para poder sostener el crecimiento y el trabajo".
La medida que reforma la Carta Orgánica del Central, ampliando las funciones de esa entidad, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y girada al Senado de la Nación para ser sancionada.
Por otra parte, la mandataria mantiene las políticas sociales y económicas iniciadas en los anteriores gobiernos como la acumulación de reservas y el desendeudamiento, el fortalecimiento del mercado interno, la generación de puestos de trabajo registrado y anunció un aumento del 17,62 por ciento de las jubilaciones.
La novedad fue la quita de subsidios en los servicios a los ciudadanos de alto poder adquisitivo y a grandes empresas, con el fin de lograr una mejor distribución de la riqueza.
También, la presidenta anunció la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2013 para que 17 provincias comiencen a abonar la deuda con la Nación.
Respecto a las relaciones con lo países de la región, Argentina mantiene la misma política que en los dos gobiernos anteriores.
En la XLII Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, el bloque acordó la aprobación de un nuevo mecanismo transitorio para elevar aranceles de importación extrazona para hasta 100 posiciones arancelarias por país, en el marco de la crisis internacional que presiona las economías de la región con los saldos exportables de los países desarrollados.
Asimismo, la semana pasada Cristina viajo a Chile, ocasión en que reafirmó su compromiso de integración junto con el presidente Sebastian Piñera, con quien además firmó varios acuerdos de cooperación.
El término de los “cien primeros días” fue acuñado por el estadounidense Franklin D. Roosevelt quien lo utilizó con fines comunicativos, ya que llegó al poder en el cuarto año de una crisis económica de alcance mundial y necesitaba transmitir capacidad de reacción ante ella y mostrar resultados que cambiaran la situación; al tiempo que debía generar confianza y optimismo a la ciudadanía y a los mercados.
Los cien primeros días de Roosevelt, además de permitirle la aprobación de 15 leyes importantes en el Congreso, marcaron un precedente e inauguraron una nueva manera de medir los tiempos en la política.