Desmantelan a una cooperativa que estafaba a trabajadores en Mendoza
La Justicia avaló la disposición de desmantelar una cooperativa que estafaba a trabajadores golondrinas en Mendoza, denunciada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria (Inaes).
El tribunal de la Sala 2 en lo Contencioso Administrativo respaldó la decisión que el Inaes había tomado el 29 de diciembre de 2010, con la cual se le quitaba la autorización para funcionar a la Cooperativa Huentala.
Los magistrados coincidieron con el Inaes es que se trataba de una cooperativa creada para "diluir la responsabilidad del verdadero empleador", lo que constituye "fraude a la ley laboral": En el fallo citan que "en algunos casos (los trabajadores) eran obligados a asociarse a la cooperativa por las empresas en donde trabajaban, no participaban de las asambleas, no conocían a las autoridades y no permanecían en la entidad por un plazo mayor al año, ya que eran trabajadores golondrinas".
"Con su accionar, claramente desnaturalizó la figura cooperativa", concluyó el fallo de los jueces Luis Márquez, María Caputi y José López Castiñeira.
En el fallo aseguran que "Huentala actuaba a través de contratos de locación de servicios, firmados con distintas empresas, operando como una mera intermediadora, proveedora de personal a terceros, modalidad que está expresamente prohibida en el artículo 40 de la ley 25.877".
Además, precisan que la "administración y dirección de las tareas no se encontraban a cargo de la cooperativa y tanto los materiales y herramientas, como los regímenes disciplinarios eran provistos por las empresas contratantes".
Entre las empresas contratantes en las que los trabajadores prestaban efectivamente servicio figuran "Tierras Coloradas SA", "Mendoza Greens SA", "El Retiro Mendoza SA", "La Rioja SA", "El Benteveo SA" y "Cordón de Plata SA".
El expediente judicial incluye el informe del Inaes, según el cual en seis socios de cooperativa determinados al azar ninguno tenía una antigüedad superior a seis meses, no tenían una copia del estatuto social, ni del reglamento interno y percibían un "retorno" de acuerdo a lo que cada uno producía.
No habían participado de ninguna asamblea, tampoco conocían a las autoridades de la cooperativa, no se realizaban elecciones para la renovación de los directivos y el domicilio legal figuraba en la Ciudad de Buenos Aires cuando sus directivos eran de Mendoza, zona en la cual "prestaban la mayoría de los servicios".