Rueda destacó el derecho a la educación de los convictos

El vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Luis Rueda, destacó la puesta en vigencia de la Ley 26.696 que reduce las condenas a las personas privadas de la libertad que estudien, anunciado ayer por funcionarios del Gobierno nacional.

"Es una medida oficiosa y un incentivo para aquel que, habiendo completado estudios (en algunos de los ciclos), se encuentra en condiciones de acceder a los beneficios que prevé la norma", manifestó el magistrado federal.

Asimismo, dijo que "si bien la sociedad está muy sensibilizada con todo lo relacionado con el delito y la inseguridad, la premisa general en todo el mundo es la libertad como principio y la reclusión o el encierro como excepción".

Ejemplificó al respecto diciendo que "salvo lo que ocurre en Estados Unidos, la tendencia mundial es a favor de la libertad", lo que, por otra parte, "tiene rango constitucional y base en los tratados internacionales" suscriptos por la Argentina.

También consideró que la aplicación de la norma es un elemento más que apuesta a la resocialización de las personas detenidas, y "un incentivo para quienes cumplan con regularidad la reglamentación vigente y que además muestren su voluntad de no reincidir".

La ley, en su artículo 1, garantiza la "educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho".