Fonseca denunció a Schiaretti por el gasoducto de Sierras Chicas
El legislador del Frente Cívico y Social (FCyS), Ricardo Fonseca, denunció esta mañana penalmente al ex gobernador Juan Schiaretti, luego de descubrir que una consultora privada cobra a los municipios de Sierras Chicas por servicios que no presta.
La denuncia también apunta al ministro de Obras Públicas, Hugo Testa; a Roberto Martín, ex titular de la consultora denominada Newen y al secretario de Planeamiento y Desarrollo Energético e Infraestructura de dicha cartera.
El caso saltó a la luz pública tras una investigación publicada por un matutino cordobés en que se denuncia a Newen por el cobro de una cifra mensual como asesora por la realización del gasoducto que llevaría este servicio a 10 localidades, pero la obra se encuentra paralizada desde hace largo tiempo.
La consultora había sido contratada en 2006 por el Ente Intercomunal Sierras Chicas Gas, conformado por los intendentes y presidentes comunales de las localidades de Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Agua de Oro, Colonia Tirolesa, Estación General Paz, Estación Juárez Celman, Villa Cerro Azul, El Manzano, La Granja, Río Ceballos, Estación General Paz y La Granja.
En aquel momento, Martín era el presidente de la firma pero renunció a su cargo para integrarse al Ministerio de Obras Públicas, puntualmente en un área dedicada al servicio de gas natural.
Por esa razón, su esposa se hizo cargo de la firma pero Martín habría seguido vinculado de manera indirecta.
Pese a que la obra, proyectada en 2006, nunca se concretó, Newen habría seguido cobrando un canon mensual cercano a los 20 mil pesos, al que aportan todos los municipios del ente.
La denuncia de Fonseca se basa en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, porque “los denunciados con responsabilidad funcional dejaron de cumplimentar las disposiciones normativas cuyo cumplimiento les incumbe, dejando de poner en marcha los mecanismos de control, verificación y sanción frente al incumplimiento de pautas contractuales claras y establecidas bajo expresas condiciones contractuales, ocasionando como correlato irremediable grave perjuicio económico a las arcas del estado y pobladores de cada localidad afectada”, dice la denuncia.
Otro de los delitos es defraudación por administración fraudulenta porque “los denunciados, violando expresas obligaciones a su cargo, incumpliendo de manera ostensible expresos deberes específicos inherentes a su actividad funcional, perjudicaron con su obrar los intereses que se le confiaron con grave perjuicio patrimonial para las arcas del Estado y claro gravamen para miles de pobladores, obteniendo como contrapartida un beneficio económico indebido”, reza la presentación de Fonseca.
Finalmente, se atribuye a los denunciados el delito de asociación ilícita.
Fonseca también solicitó a la Justicia constituirse como querellante particular.
En declaraciones a Cónclave Político, el legislador juecista cuestionó “la adicción que tiene este gobierno con las consultoras”, haciendo gastos que consideró innecesarios y que se repiten en distintos proyectos, no sólo en la provisión de gas natural a distintas localidades cordobesas.
Respecto a su denuncia penal, Fonseca reflexionó: “Sabemos que la justicia es medio permisiva con respecto al poder político y particularmente cuando actúan los fiscales. Habrá que ver si algún fiscal en este caso toma la posta y realmente demuestra que existe justicia independiente en Córdoba y podemos por lo menos averiguar, al menos que se investigue concretamente la actitud de connivencia de estos funcionarios, particularmente del ex gobernador Juan Schiaretti”.
Además, aseguró que su denuncia ha servido como disparador, puesto que empiezan a surgir informaciones de otras localidades en que Martín estaba encargado de la obra de gas y que tampoco se han concretado, “es decir, donde tocaron dejaron pero la obra y el gas no están”, sentenció Fonseca.
Concluyó manifestando que “acá lo único que ha habido es perjuicio para intendentes que han sido presionados, extorsionados por parte del gobierno provincial con una consultora, prometiéndoles el oro y el moro”.