No morirán así
A diez años de la tragedia de Lapa, los familiares de las víctimas recibieron ayer un golpe inesperado y el juicio oral corre riesgo de anularse: es que la jueza del tribunal que sustancia el debate decidió renunciar para jubilarse cuando faltan sólo semanas para la sentencia.
La agencia DyN pudo confirmar que la jueza María Cristina Sanmartino, del Tribunal Oral Federal 4, que desde febrero de 2008 analiza la responsabilidad de cinco ex directivos de Lapa y ex funcionarios de la Fuerza Aérea, presentó su renuncia el jueves pasado para hacerla efectiva el próximo 1 de octubre.
Precisamente por eso los familiares de las victimas instaron ahora al Poder Ejecutivo a no autorizar esta renuncia, a la espera de que se llegue a una veredicto en el proceso oral.
Ayer, tanto abogados de las partes como los propios familiares de los 67 fallecidos se reunieron con la jueza para tratar de convencerla de que siga adelante con el juicio, pero la magistrada les dijo que su decisión era "indeclinable".
A criterio de Sanmartino, no tendría por qué correr riesgo: es que -gracias a una reforma en el Código de Procedimiento- el juicio oral por la tragedia de Lapa contó con un cuarto juez que presenció todas las audiencias desde el inicio y que, por lo tanto, podría subrogarla a su retiro, sin que se vieran afectadas las garantías de los acusados ni los derechos de las víctimas.
Sin embargo, las querellas rechazaron ese planteo que conocieron ayer, justo al cumplirse 10 años de la tragedia: el abogado querellante Hugo Wortman Joffre explicó que ese reemplazo sólo es posible "en caso de incapacidad o enfermedad", pero "no en caso de renuncia".
El TOF 4, integrado por los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Sanmartino, fijó audiencias hasta el 1 de noviembre para escuchar los alegatos; luego vendrán las réplicas, las dúplicas y las últimas palabras para que el tribunal dé a conocer su veredicto.
En el banquillo están acusados el presidente de la entonces Lapa, Gustavo Deustch; su ex director general, Ronaldo Boyd; los ex gerentes de Operaciones Fabián Chionetti, Valerio Diehl y Gabriel Borsani y la ex gerente de Recursos Humanos Nora Arzeno.
También están imputados dos ex funcionarios de la Fuerza Aérea: Diego Lentino, ex director del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, y Damián Peterson, ex director de Habilitaciones Aeronáuticas. La Fiscalía consideró que hubo fallas técnicas y humanas, además de negligencia por parte de la empresa y de la Fuerza Aérea, y busca que se condene a los imputados por estrago doloso e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En uno de los peores desastres de la aviación argentina, el vuelo 3142 de la aerolínea argentina Lapa, se estrelló en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires el 31 de agosto de 1999 a las 20.54, cuando despegaba hacia la ciudad de Córdoba.
Al iniciar la aeronave su carrera de despegue comenzó a sonar una alarma que los pilotos no atendieron porque -al parecer- los aviones solían tener fallas; ese alerta avisaba que los flaps estaban retraídos y que la máquina no iba a despegar pese a haber superado la velocidad mínima que habían calculado que necesitaban para hacerlo.
Imposibilitada de frenar antes del fin de la pista, la nave siguió su loca carrera fuera del perímetro del aeropuerto, cruzó una avenida, arrastró a un automóvil que circulaba por ella y se incrustó sobre unas máquinas viales y un terraplén.
La pérdida de combustible sobre los motores calientes y el gas expelido por la rotura de una planta reguladora de gas existente en el lugar provocaron el incendio y destrucción total de la aeronave, en donde murieron 65 personas, la mayoría calcinadas.
10 años después, cuando el alivio de la justicia está por llegar, aunque solo alcanza para apaciguar por un momento, un dolor que no cesa, los familiares recibieron otro cachetazo.
Fueron sometidos a las consecuencias de un estado ausente, después el de una empresa sin escrúpulos capaz de cualquier cosa por “rentabilidad”, luego debieron soportar la burocracia del sistema judicial del que solo gozan los poderosos, porque el que roba para comer esta preso en un mes.
Para finalizar y por si fuera poco ayer debieron suplicarle a la jueza (si así se la pueda llamar) que no se retire de la causa porque podría quedar sin resolución.
Somos víctimas de un sistema de poderosos, somos víctimas de la falta de justicia, somos víctimas de la inseguridad, de la falta de educación, de salud y de un proceso de miseria planificado.
Pero somos algo mucho más importante a pesar de todo, somos memoria viva de nuestros muertos y no los vamos a dejar morir así.