La UCR denunció penalmente a De Vido y Schiavi

Además, la denuncia se extiende también al Subsecretario de Transporte Ferroviario Guillermo Antonio Luna y al Interventor de la CNRT, Antonio Eduardo Sícaro.

En este sentido, el radicalismo pide que además de los funcionarios sean también investigados el responsable de la concesionaria TBA, Claudio Cirigliano, y el resto de sus directivos.

Los radicales denuncian a los funcionarios y empresarios por una posible existencia de maniobras de administración fraudulenta e incumplimiento de deberes.

La UCR cuestionó el hecho de que “desde hace más de 10 años la estructura institucional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte permanece desintegrada e intervenida, al mando de un interventor designado unilateralmente por el Poder Ejecutivo Nacional y sin ningún procedimiento de selección previa” y criticó que “entre las razones que, en su momento, se emplearon para disponer la intervención del ente de control, se mencionaron las falencias detectadas en su gestión que requerían una profunda reestructuración para orientar su gestión a resultados y alcanzar mejores estándares de calidad en los servicios públicos de transporte. A una década de intervención, sin embargo, la reestructuración no se ha concretado, ni se ha normalizado su situación institucional”.

Al respecto, afirmó que “la situación ha empeorado y seguimos sin contar con un sistema de supervisión eficiente sobre el sistema de transporte ferroviario” y reprochó que “la Secretaria de Transporte que ha permitido el desembolso de fondos públicos sin ningún tipo de control y sin que esto se traduzca en una mejora del funcionamiento o las condiciones ofrecidas a los usuarios”.

“Los distintos informes realizados por la Auditoría General de la Nación dan cuenta de que, al menos desde el año 2002, numerosos incumplimientos del contrato de concesión han persistido en el tiempo a raíz de la inacción de los organismos de control”, dice el texto.

Según la UCR, sobre los informes de 103 inspecciones realizadas entre el período 22 de noviembre de 2001 y 25 de mayo de 2003, detectaron irregularidades en el 100 por ciento de los coches inspeccionados, entre las que se destacan: freno de mano inoperable, mecanismo de cierrapuerta anulado, falta del certificado de habilitación técnica. Asimismo, detalla que “estas deficiencias, y en particular aquellas vinculadas a la conservación de la infraestructura de vías, llevaron a TBA a reducir las velocidades máximas de circulación de trenes, lo que implicó un mayor tiempo de viaje, afectando en forma directa la calidad de prestación del servicio”.

Asimismo, aseguró que TBA reconoció dicho deterioro “pero lo atribuyó, centralmente, a la recesión económica experimentada por nuestro país durante la época, los incumplimientos por parte del Estado respecto del pago de las obras inversión, la caída en los ingresos por venta de pasajes y el aumento en los costos de mantenimiento”.

Respecto a los controles en los años 2005 y 2006, el informe dice que “la correlación entre las deficiencias detectadas y subsanadas empeoró en algunos tramos y se mantuvo relativamente estable en otros, nuevamente, sin que la CNRT adopte medidas en consecuencia”.

Finalmente, el más reciente de los informes de la AGN da cuenta de la actualidad de esta problemática al destacar que “las tareas de mantenimiento del concesionario no se están realizando o se realizan deficientemente, lo que en definitiva se traduce en un resultado insatisfactorio y una calidad de la vía que continúa deteriorándose sin que se observe por parte del concesionario una conducta que arroje resultados prácticos que conduzcan a revertir la situación”.

Asimismo, denuncian la ausencia de sanciones y las dificultades para hacerlas efectivas, y que en uno de sus últimos informes (2008), la AGN señaló, además, que “la CNRT no cumplía con la totalidad de las inspecciones programadas y no garantizaba la seguridad operativa al verificar, sólo excepcionalmente, las medidas adoptadas por TBA para subsanar las deficiencias observadas”.

Además, la UCR cuestiona a los ex Secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por aprobar sucesivas prorrogas de la ley de emergencia y de esta forma “no concluir nunca el proceso de renegociación para nunca aplicar sanciones, nunca rescindir y siempre mantener un estado de precariedad del servicio y el pago permanente de millonarios subsidios por parte del estado”.

“Este estado de situación refleja la connivencia y la actuación en complicidad de los funcionarios del Gobierno de la Nación con los propietarios de la empresa TBA que derivaron en el luctuoso estrago”, continúa.

Por otra parte, el partido denuncia irregularidades en la aplicación de los fondos provenientes de subsidios, e incompatibilidad entre el aumento de los mismo la inversión de las empresas en el sistema ferroviario.

Por ejemplo, detalla que “entre los años 2005 y 2008, los subsidios han ascendido a un monto total de 1.816.894.816,49 pesos, de los cuáles 412.889.061,97 fueron pagados a TBA”.

Además, acusan a las empresas de hacer el pago de obligaciones de los concesionarios con fondos públicos.

Respecto a la posible responsabilidad de los funcionarios y la concesionaria por la tragedia de Once, la UCR explica que “la teoría del delito parte de la idea de que causar un resultado típico es una condición (mínima) necesaria pero no suficiente para atribuirle la producción de un resultado a una persona. En efecto, la conducta que interesa al derecho penal es aquella que por no cumplir las expectativas generadas por las relaciones sociales, defrauda a la sociedad”.

En el mismo sentido, el texto asegura que los funcionarios “tenían conocimiento del estado de la problemática y podrían haber adoptado medidas para prevenirla, tal como ha sucedido ahora con la intervención, que llega tarde y en forma particularmente sospechosa dado que se ha iniciado, precisamente, en un momento donde varios de los funcionarios de gobierno enfrentan una posible imputación”.

“La responsabilidad de los directivos de la concesionaria resulta incluso más clara. De acuerdo al contrato de concesión, son los responsables de llevar adelante las tareas de mantenimiento y, en general, de proveer un servicio seguro para los usuarios”, continúa.

Finalmente, la denuncia cuestiona que a pesar de tener conocimiento de la situación, “y con el aval de los responsables de las tareas de control, han persistido en una actitud reticente que indudablemente ha provocado un aumento del riesgo”.