Piden que se revoque el sobreseimiento a Videla

El Fiscal Alberto Lozada reclamó que se revoque el sobreseimiento a favor de Jorge Rafael Videla y el rechazo al pedido de nulidad de la sentencia a favor de Luciano Benjamín Menéndez, mientras que los abogados defensores de los represores Alberto Manzanelli, José Luis Yañez y Jorge Exequiel Acosta solicitaron que se revoque la resolución de procesamiento y embargo contra sus defendidos y se ordene su libertad, en el marco de la causa Mackentor.

Esta mañana se realizó en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba la audiencia oral y pública de la causa que investiga el apoderamiento ilegítimo de la empresa Mackentor por parte del gobierno de facto que se inició el 24 de marzo de 1976.

En la oportunidad, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones Alberto Lozada solicitó que se revoque el sobreseimiento dictado por el Juzgado Federal Nº3 a favor de Videla en los hechos relacionados con el apoderamiento de la empresa y los bienes del grupo Mackentor y se revoque el rechazo al pedido de nulidad de la sentencia que oportunamente se dictó en igual sentido a favor del represor Luciano Benjamín Menéndez.

En este sentido, el fiscal sostuvo que la Cámara Nacional de Casación Penal en esta misma causa pero en el año 2007 ya había fallado al respecto, considerando estos delitos como conexos a los delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, dictaminado su imprescriptibilidad.

“Por lo que este criterio, de un tribunal jerárquicamente superior, debió ser respetado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado Federal Nº3”, expresó Lozada. A su entender, el magistrado cometió una equivocación al considerar que estos delitos sólo afectaban el derecho a la propiedad de las personas y de las empresas.

Por otra parte, el Dr. Jorge Agüero, defensor del represor Alberto Manzanelli, remarcó que cuando se llevó adelante la acción civil, “la justicia ya había dicho que todo lo actuado por el estado nacional en esta causa esos años había sido legal”.

Agregó que a su entender esta causa se reabre por las demandas millonarias contra el estado que pueden sucederse y que el paso penal, de esta manera, se hace necesario.

En otro tramo de su alocución, el letrado aseguró que las víctimas de privación ilegítima de la libertad y de tormentos agravados no reconocieron a su defendido y que se lo imputa en esta causa “porque él prestaba servicios en el área de inteligencia en esos años”, afirmó.

Como consecuencia, solicitó que se revoque la resolución de procesamiento y embargo contra Manzanelli y se ordene su libertad.

Por su parte, el Dr. Ernesto Gaudin, defensor del represor José Luis Yañez, solicitó que su defendido sea sobreseído y que se declare la nulidad del procesamiento.

Luego de un cuarto intermedio presentó su informe el Dr. Osvaldo Viola, defensor de Jorge Exequiel Acosta, quien adhirió a los conceptos vertidos por Agüero en cuanto a los intereses económicos que puede haber en esta causa.

También, dijo que los delitos de privación de la libertad y tormentos agravados atribuidos a su defendido no pudieron haber sido cometidos por él ya que, según dijo, “deben ser cometidos por funcionarios públicos y Acosta en aquellos años era capitán del ejército y no funcionario público según la definición de funcionarios público vigente en el año 1977”.

Finalmente, Viola pidió la nulidad de las indagatorias, del requerimiento de instrucción y del auto de elevación a juicio.

El Tribunal pasó a cuarto intermedio hasta el próximo viernes 16 de marzo a las 10:30 horas, donde se escuchará el informe oral de la defensora Mercedes Crespi en relación a sus defendidos Videla, Menéndez, Arnaldo López, Ricardo Lardone, Héctor Rodríguez, Ernesto Barreiro, Carlos Díaz, Carlos Vega, Ángel Corvalán, Andrés Tofalo, Enrique Maffei y Héctor Romero.

También se expondrá el informe de la querella representada por los Dres. Juan Carlos Vega y Marisa Bollea.

La audiencia, que se desarrolló en la Sala B del Tribunal, fue presidida por el Dr. Abel Sánchez Torres, acompañado por los Dres. José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano.

Cabe recordar que en la causa se investiga el apoderamiento de la empresa Mackentor por parte de la dictadura militar y el concomitante secuestro de sus directivos y accionistas.

A raíz de una investigación llevada a cabo por el Ejército respecto de una supuesta financiación de actividades subversivas por parte de dicha empresa, las víctimas de la causa –directivos, personal jerárquico, ex empleados y familiares de estas personas- habrían sido detenidas en sus respectivos domicilios por una orden de allanamiento ilegal.

Luego de este hecho, habrían sido conducidas a los centros clandestinos de detención conocidos como “La Ribera” y “La Perla”, donde permanecieron en cautiverio y habrían sido sometidas a tortura.

En concreto, se atribuye a los represores Videla y Menéndez la presunta comisión de los delitos de abuso de poder, allanamiento ilegal de domicilio y robo calificado en perjuicio de los accionistas del grupo empresario Mackentor, conformado por varias empresas e inmuebles, los cuales habrían sido apropiados ilegítimamente.

Cabe señalar que por estos ilícitos ambos imputados se encuentran sobreseídos, decisión que fue recurrida por el Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, también se atribuye a Videla y a Menéndez, así como al personal militar y civil de inteligencia que prestaba servicios en La Ribera y La Perla, la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de los accionistas y empleados del grupo empresarial durante su estadía en estos campos de detención.