Se acerca el Final
La Comisión de Asuntos Institucionales fijará hoy el plazo para presentar el dictamen acerca de la cuestión de privilegio que el presidente del bloque Unión por Córdoba, Daniel Passerini, inició en contra del legislador del Frente Cívico y Social, Miguel Ortiz Pellegrini, supuestamente por haber litigado en contra del estado provincial y municipal, sin revocar el poder de litigio.
El legislador juecista depende de un fallo judicial para definir cuál será su suerte en la legislatura de Córdoba. Se trata del fallo de la causa que le iniciara el concejal de Unión por Córdoba Elvio Sahaspe donde pidió que un fiscal investigue si Ortiz Pellegrini patrocina a choferes de la Tamse que en 2003 y 2004 enjuiciaron al municipio violando el articulo 88 de la Constitución Provincial, además de ser un acto “indigno” pasible de sanción política en la Unicameral.
En este sentido, si el fallo judicial fuera condenatorio, el bloque de la Unión Cívica Radical votará a favor de una sanción, dando, de esta forma la cantidad necesaria de votos para condenar al legislador juecista con la expulsión del cuerpo.
De lo contrario, los doce legisladores radicales mantendrán su posición de abstenerse en la votación como lo hicieron desde el comienzo de este proceso.
Hasta la semana pasada, el oficialismo contaba con cuarenta votos de los cuarenta y siete que necesita para obtener los dos tercios de la totalidad de la cámara para imponer su criterio que quedará fijado en el dictamen de hoy de la comisión de asuntos institucionales, pero todo cambiaría con la resolución de la causa judicial en contra de Pellegrini.
La denuncia que Passerini hizo en contra de Ortiz Pellegrini marcó un hito en la Legislatura de Córdoba, ya que por primera vez en la historia de la Unicameral se dio curso al tratamiento de una cuestión de privilegio.
Luego, el legislador juecista le pagó con la misma moneda al bloque oficialista y promovió una cuestión de privilegio contra Domingo Carbonetti, basándose en los mismos cargos con que lo acusaron a él: el haber litigado en contra del estado provincial siendo legislador.