No comenzará el juicio por espionaje ilegal en Chubut
El juicio oral y público que debía comenzar esta mañana para esclarecer el caso del espionaje ilegal practicado por efectivos de la Armada desde la base Almirante Zar de Trelew hacia civiles, se suspendió hasta el 15 de marzo.
Así lo resolvió el juez Enrique Guanziroli, quien explicó que "se suspenden las audiencias por falta de defensores oficiales", dado que cuatro de los imputados se encontraban sin defensa y un quinto no asistió.
La situación fue expuesta al inicio de las deliberaciones por el fiscal Fernando Gelvez, quien de esa manera evitó que el juicio se iniciara con el riesgo de que caiga por este detalle.
Hoy no estuvo presente el capitán de navío Gustavo Leopoldo Ottogalli, quien argumentó problemas familiares para ausentarse y además se conoció que su abogado defensor renunció.
Tampoco estuvo presente Ignacio Palazuelos, abogado defensor de los capitanes de navío Cristian Andrés Vidal y Carlos Daniel Vázquez; y tampoco se hizo presente la defensa de Carlos Ignacio Rueda y del contralmirante Luis De Vincenti.
El apoderado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que actúa como querellante en la causa, Rodrigo Borda, indicó en diálogo con Télam que "queda claro que esta es una maniobra dilatoria pero no es la primera, hace seis años que estamos con esta causa".
"Esto revela la endeblez de la defensa que viene estirando los plazos en una maniobra que hicieron muchas veces durante estos años, pero que ahora salta a la luz porque se hizo en una audiencia pública" indicó.
En la audiencia el abogado sostuvo que "se podría incluso hasta obligar por la fuerza hasta que comparezcan, aunque no la propiciamos por no hacer de esto una situación violenta".
Se sentaron junto a Borda como parte de la querella el abogado Martín Rico, de la oficina de Derechos Humanos de la Nación cuyo titular, Eduado Luis Duhalde, también es parte de la acusación y el abogado del foro local Eduardo Hualpa, como particular damnificado.
Técnicamente el juicio oral y público no dio comienzo ya que no se inició la lectura de los cargos.
La causa se inició el 17 de marzo del 2006 cuando el juez federal de entonces, Jorge Pfleger, encabezó una delegación de ese tribunal que allanó la oficina donde funcionaba el servicio de inteligencia naval, secuestrando documentación y equipo informático en la guarnición militar de Trelew.