En el banquillo
Con la llegada de los presidentes en el día de ayer a la ciudad de San Carlos de Bariloche están dadas las condiciones para que los países de Sudamérica deliberen acerca de la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia.
Este acuerdo busca en teoría, "incrementar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo" permitiendo al ejército estadounidense operar en las siete bases militares más importantes diseminadas en todo el territorio colombiano.
Se trata de tres bases aéreas, que controlan la zona del Caribe, los llanos orientales y el Pacífico; dos del Ejército, que cubren el centro y sur del país y dos bases de la Armada, que permiten controlar el Pacífico y el mar Caribe.
Las bases son las de Malambo; Apiay; Larandia; Tolemaida; Bahía Málaga; Palanquero y Cartagena y son consideradas las más importantes del sistema de defensa colombiano.
Por lo que se adelantó del acuerdo, las mismas serán utilizadas como base de apoyo en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y "no tendrán injerencia en países vecinos" aunque claro, se trata del país que más injerencia tiene en los países del mundo.
También se supo, de boca del ministro de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Freddy Padilla, que "se mantendrán los topes de 800 militares y 600 contratistas".
Este acuerdo para incrementar la presencia de tropas estadounidense en territorio colombiano generó tensiones en los países de la región al igual que lo había provocado la decisión del entonces presidente George W. Bush de reactivar la Cuarta Flota para recorrer los mares del Caribe y Sudamérica.
La disposición estratégica de las bases, sumada a la alta tecnología militar estadounidense, preocupó sobre manera a los gobiernos de Venezuela y Ecuador que vaticinan acciones directas en el marco de la llamada "guerra preventiva" que supone perseguir a los terroristas "en cualquier rincón oscuro del planeta", al decir de Bush.
También la oposición colombiana está preocupada por la presencia militar estadounidense porque "aumenta las tensiones en la zona, burla a la Constitución de 1991 y ahonda la crisis al reforzar la falsa solución, la militar o de fuerza, al problema del terrorismo y el narcotráfico".
En el Senado colombiano, los sectores de oposición señalaron inconveniencia de este acuerdo y su ilegalidad, pues "se basa en dos antiguas leyes (Ley 24 de 1959 y Convenio para la Ayuda Económica, Técnica y Afín del 23 de julio de 1962 o Alianza para el Progreso) que solo hablan de asuntos económicos".
En tanto, en los Estados Unidos los senadores Patrick Leahy y Chistopher Dodd enviaron en julio una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton en la que señalan que el Senado y sus comisiones "nunca fueron informados sobre el acuerdo militar con Colombia" y se enteraron por versiones de la prensa acerca de las negociaciones.
"A pesar de las implicancias obvias de carácter presupuestario y de política exterior de dicho acuerdo, ni el Comité de Relaciones Exteriores ni el subcomité del Estado, Operaciones Extranjeras del Comité de Apropiaciones, fueron informados sobre las negociaciones, mucho menos consultados al respecto", señala la misiva que exige información precisa.