Debutan los defensores públicos argentinos en la CIDH
Defensores públicos de la Argentina y del Uruguay fueron los primeros, entre ayer y hoy, en ejercer esa función ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, informó hoy la Defensoría General de la Nación.
Los primeros defensores públicos interamericanos asignados como representantes legales de las presuntas víctimas fueron María Fernanda López Puleio, de la Argentina, y Andrés Marino, del Uruguay.
Ambos representaron a Sebastián Furlan y sus familiares en audiencia por la demanda que promovieron contra el Estado argentino.
Furlan sufrió fractura de cráneo y daños cerebrales, que derivaron en una discapacidad, cuando en 1988, jugando al fútbol en un campo del Ejército en la localidad de Ciudadela, un travesaño le cayó en la cabeza. Tenía 14 años.
El proceso civil iniciado por el padre contra del Ministerio de Defensa demoró 10 años hasta la sentencia y más de dos años en la ejecución, pero pese a que el fallo ordenaba el pago en pesos, la familia solo recibió bonos a cobrar en 2016.
En 2001, los familiares de Sebastián reclamaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de marzo de 2011.
Al momento de elevar la causa ante la Corte Interamericana, la CIDH estimó que la discapacidad de Sebastián se agravó por la demora en la indemnización, que resultaba fundamental para un tratamiento adecuado y oportuno.
El caso, además de involucrar por primera vez la participación de los defensores públicos interamericanos, representa una oportunidad para el desarrollo de la jurisprudencia regional en materia de determinación de la razonabilidad del plazo en los procesos de naturaleza civil cuando se encuentra involucrado el principio del interés superior del niño y los intereses de las personas con discapacidad", comentó la Defensoría.
La participación de López Puleio y Mariño se hizo posible por un convenio del 25 de septiembre de 2009 entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef).
Ese acuerdo posibilitó la creación del cuerpo de defensores públicos interamericanos para garantizar el acceso a la justicia mediante la asistencia y representación gratuita a las personas cuyos casos llegan ante el máximo tribunal regional, siempre que la Corte IDH solicite su intervención ante la ausencia de otro abogado.