El exterminador
El miércoles pasado tomó estado parlamentario en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley a través del cual se crea un Fondo para erradicar el hambre, que implicará un aumento en el Impuesto Automotor.
Desde hace algunas semanas atrás, el tema de la pobreza está en boca de todos. Particularmente en Córdoba, tanto desde el Ejecutivo provincial como los legisladores propusieron diversos proyectos de ley para trabajar sobre esta problemática.
La iniciativa del legislador de la Unión Cívica Radical, Hipólito Faustinelli no es la excepción, ya que propone la creación del “Fondo de Emergencia Social y Solidario para la Erradicación del Hambre”, que será solventado a través de un aumento de cincuenta centavos en el impuesto automotor, destinado a integrar dicho Fondo.
Si el proyecto de ley es aprobado, a partir de 2010 se incrementará el Impuesto Automotor en un monto equivalente a cincuenta centavos por unidad, en todas las unidades registradas, destinados al Fondo de Erradicación del Hambre, que también se constituirá con los aportes y donaciones de particulares.
Asimismo, la iniciativa establece que el Fondo deberá ser utilizado por el Consejo Provincial de Políticas Sociales con el objeto de solventar los programas y acciones exclusivamente destinados a mitigar el hambre de la provincia.
En los fundamentos del proyecto de ley, el legislador Faustinelli resaltó la importancia de la participación activa del Consejo de Políticas Sociales, en la administración de los recursos que generará el Fondo, instándolo a perseguir la transparencia de la tutela y la aplicación equitativa de ese dinero.
Además, el radical se basa en el aumento alarmante de la pobreza en la provincia, y asegura que el problema general en Córdoba no es sólo la falta de ingresos de los jefes de familia sino que cuando existen, no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de subsistencia, cuestión que se extiende a todo el grupo familiar.
Si bien existen algunos paliativos ejecutados desde diversas organizaciones de la sociedad civil, no alcanzan a cubrir las necesidades de la población. Pero en realidad es el Estado, en todos sus niveles, el que debe velar por la integridad de sus ciudadanos e implementar medidas para hacer frente a las situaciones que le impiden el acceso a los derechos fundamentales.