Fiscal pidió a Casación medidas para agilizar juicios por delitos de lesa humanidad

El fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier De Luca, sugirió al titular de ese tribunal, Pedro David, medidas para agilizar la investigación judicial y los juicios orales en causas por delitos de lesa humanidad al advertir la existencia de procedimientos que "eternizan" la marcha de las causas por parte de "algunos jueces federales" o que "revictimizan" a testigos citados a declarar en reiteradas ocasiones.

Entre las medidas pedidas en una nota dirigida al presidente del máximo tribunal penal del país, De Luca estimó, entre otros aspectos, que debe "propiciarse que en la etapa de instrucción se resuelvan en el plazo legal (tres días) los pedidos de indagatorias y de procesamientos".

"Si estos pedidos son denegados, los magistrados deberían dictar inmediatamente los correspondientes sobreseimientos para evitar los `téngase presente` y `faltas de mérito` que constituyen un recurrente método de algunos jueces federales que eterniza la marcha de los procesos".

En la misiva enviada a David, a la que accedió Télam, el fiscal advirtió que "si se tiene en cuenta el mandato constitucional e internacional de dilucidar estos hechos de una vez y para siempre, se podrá apreciar con claridad que estas resoluciones que mantienen las causas en un status quo, son formas irregulares de culminación de los procesos, o de no culminación de los procesos, en contra de ese mandato".

Y, por el contrario, advirtió que las defensas piden "a cada momento" el sobreseimiento de los acusados durante la investigación del caso, en la etapa de instrucción previa al envío a juicio de los procesados y esto demora los trámites porque los jueces suelen "equívocamente" pedir la opinión a las demás partes del caso antes de rechazar los planteos y después conceden apelaciones que generan "varios meses de trámite en las Cámaras".

Por otra parte, "debería tenderse a la investigación y elevación a juicio de la mayor cantidad de casos posibles y contra la mayor cantidad de imputados en ellos", indica el texto.

También "se verifican procesos en que se imputan varios casos a un solo imputado, un Jefe de Zona o a lo sumo un Jefe de Área, sin que se haya practicado una profunda investigación (lo cual queda “para después”, en expedientes reservados en los juzgados) que involucre a todos los imputados posibles", revela el fiscal.

También consideró que los jueces de primera instancia federales no deberían impedir que progresen acusaciones al enviar la causa a juicio oral y tendrían que dejar que sean los magistrados de juicio o los superiores en una apelación quienes resuelvan si por ejemplo, un represor puede ser acusado por "homicidio" en casos de desapariciones donde no se recuperó el cadáver, o sólo por "privación de la libertad".

El fiscal solicitó, además, "que se admita la incorporación de los testimonios grabados y filmados en otros debates" en casos de víctimas de los hechos como sobrevivientes de centros clandestinos de detención.

"Al oponerse sistemáticamente las defensas a la incorporación de testimonios ya tomados en otras instancias y debates, especialmente con control de otras defensas (además, filmados), y que reiteran los relatos que vienen expresando desde hace 36 años, se desconocen palmariamente los derechos de la víctimas y deudos a no sufrir una revictimización", concluyó.

También aludió a la "prueba documental, instrumental" producida en otros juicios, "especialmente de hechos notorios y públicos probados hasta el cansancio" como "que hubo un golpe de Estado, que hubo un plan sistemático de eliminación de opositores políticos, que hubo tales y cuales centros clandestinos de detención, que allí se torturaba a todo el mundo como sistema".

"La exposición de todo esto en cada causa (por las partes en los alegatos y por los ueces en sus sentencias) hacen que los juicios se prolonguen indebidamente", advirtió.

El fiscal pidió, además, que se implementen mecanismos para que "los jueces federales, las Cámaras de Apelaciones, los Tribunales orales federales y la Cámara de Casación cumplan a rajatabla los términos legales para resolver".