Fiscales ordenan a manifestantes a desalojar las rutas de acceso a Andagalá
Los fiscales a cargo de la causa por la protesta contra la mineria a cielo abierto, Martha Nieva y Roberto Mazzucco, ordenaron a los promineros y antimineros desalojar las rutas de ingreso y egreso de la ciudad de Andalgalá, a unos 240 kilómetros al oeste del conflicto.
Ambos fiscales intimaron a todas las facciones en pugna para que modifiquen la modalidad de los cortes, ya que ambos continuaban con la realización de bloqueos selectivos.
La fiscal Nieva les otorgó dos horas de plazo para acatar la orden judicial porque de lo contrario se tendría que ordenar el desalojo, aunque "hasta el momento no se tomó ninguna decisión", según lo confirmaron hoy fuentes judiciales y policiales.
Anoche Andalgalá recordó los 2 años el inicio de las protestas antimineras en la zona conocida como el El Algarrobo. Los actos recordatorios fueron organizados por la Asamblea El Algarrobo y culminaron anoche con un evento en la plaza central.
Por otro lado, los sectores que apoyan a la minería mantuvieron el corte en el ingreso de la ciudad de Andalgalá.
El corte en el ingreso del departamento lo realizaban integrantes de la Cámara de Proveedores Mineros, empleados de la empresa Alumbrera, familiares de los empleados y comerciantes, con la modalidad de un "bloqueo selectivo" que habilitaba el paso a los vehículos cada media hora.
En tanto el Foro de Abogados de Catamarca expresó hoy su respaldo a las gestiones encaradas por la gobernadora Lucía Corpacci en Buenos Aires, en defensa de la política minera en Catamarca.
En alusión al conflicto en departamentos del oeste de la provincia, el foro señaló que los enfrentamientos de los últimos días "mueven a la reflexión ciudadana, en el convencimiento de que la violencia sólo generará más violencia".
Abogaron por "metodologías pacíficas que conduzcan a un debate serio y profundo a través del cual se pueda arribar a resultados satisfactorios para el pueblo de la provincia en su conjunto".
Finalmente, recordaron que la minería ha pasado a ser una política de Estado con la gestión de la gobernadora Lucía Corpacci, quien "con suma conciencia y visión ha reclamado también a las empresas mineras el ejercicio de la responsabilidad social empresarial".