Dilatadas
La Cámara de Senadores convirtió ayer en Ley la prórroga por un año de más de 1900 leyes que delegaron facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, entre ellas el artículo del Código Aduanero que le permite a la Casa Rosada imponer retenciones a las exportaciones de granos.
La aprobación contó con 38 votos a favor del oficialismo y de los representantes del ARI de Tierra del Fuego y del Movimiento Popular Neuquino; en tanto que fue rechazado por 30 senadores del radicalismo, el peronismo disidente, el socialismo, la Coalición Cívica y algunos vecinalistas.
La denominada legislación delegada es un paquete de por lo menos 1900 leyes por las que el Congreso derivó en el Poder Ejecutivo la prerrogativa de aplicar cierto tipo de medidas.
Ese cúmulo normativo debió haber sido revisado antes del 24 de agosto de 1999, plazo que impusieron los constituyentes de 1994 cuando reformaron la Constitución Nacional.
Pero esa tarea no se llevó a cabo a tiempo, razón por la cual el Congreso votó una nueva prórroga por tres años. El trabajo de revisión nunca se hizo, lo que obligó a nuevas y sucesivas extensiones en 2004 y en 2006.
El de la legislación delegada fue un debate que este año cobró relevancia por el hecho de que entre las normas que podrían caer si no son prorrogadas se encuentra el artículo 755 del Código Aduanero.
Esa norma es la que le permite al Gobierno establecer las alícuotas de los derechos de exportación a ciertos productos agropecuarios, más conocidos como retenciones, y que son cuestionadas por la Mesa de Enlace Agropecuario.
El debate, que duró más de siete horas, fue seguido en la calle por un grupo de chacareros encabezados por el líder de la Federación Agraria de Entre Ríos, Alfredo De Angeli, a quien no se le permitió ingresar al Palacio Legislativo, por lo que provocaron serios disturbios, derribando las vallas de seguridad, dejando un herido.
En la sesión, que arrancó minutos después de las 11.30, el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Nicolás Fernández, defendió la iniciativa por considerarla "una salida lógica para no generar inseguridad jurídica”.
"Pone un punto de inflexión al dar plazo para terminar con el ordenamiento de las normativas vigentes", reflexionó Fernández al inaugurar el debate.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, dijo que "esta es la última delegación", y reconoció que "deberíamos haber hecho el estudio de las normas y no lo hemos hecho".
"Pero el tema que a esto le pone nivel de dramatismo y cierta crispación es el Código Aduanero. Y yo creo que esta debe ser una atribución del Poder Ejecutivo porque esta es una atribución de gobernabilidad", subrayó Pichetto.
El oficialista chubutense Marcelo Guinle consideró que "la norma es altamente razonable y absolutamente necesaria" y recordó que "el bloque radical lo hizo en 2006 y lamento que no lo compartan ahora".
Desde el radicalismo, el peronismo disidente, el socialismo y los vecinalistas, en cambio, se pronunciaron en contra del proyecto.
Los legisladores basaron su argumentación en que la norma viola el artículo 76 de la Constitución Nacional que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, y reivindicaron la necesidad de que el Parlamento recupere su rol.
El jefe del bloque radical, Ernesto Sanz, opinó que "la acumulación de poder trajo aparejada falta de institucionalidad y, como paso siguiente, la caída de la economía".
En tanto, el justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá consideró que "sería mejor gastar tiempo en estudiar las leyes, y no gastar tiempo en explicar por qué no las estudiamos", al explicar su voto en contra de la prórroga de la legislación delegada.