La Docta Juzga
Por primera vez en la provincia de Córdoba, se eleva a juicio una causa de violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar, en la que el principal acusado es el represor Jorge Rafael Videla.
La Jueza Federal Nº3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, dictó la elevación a juicio de la causa conocida como UP1, en la que todavía no está fijada la fecha, que investiga la tortura y muerte de treinta y dos ciudadanos detenidos en la entonces Penitenciaría, y en la que hay veinticinco acusados, entre ellos Videla.
Otro de los acusados es el represor cordobés Luciano Benjamín Menéndez, que ya había sido condenado a prisión perpetua en la causa que investigaba el secuestro, tortura y asesinato de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, durante la última dictadura militar.
Asimismo, el mismo fallo ordena el sobreseimiento del ex jefe del área operativa 311 del Ejército en Córdoba, el teniente coronel Luis Alberto López, en relación a los homicidios de José Ángel Pucheta y Carlos Alberto Sgandurra por el que oportunamente se le ordenara su procesamiento y prisión preventiva.
Un nuevo examen de la prueba valorada en ese entonces, como así también la incorporación al análisis particular del hecho atribuido a López de otros documentos no incluidos anteriormente, “demostraron claramente” que algunos de los que sostuvieron y fundaron la probabilidad aludida por la Jueza en aquella oportunidad se apoyaron en “afirmaciones erradas, conduciéndome a conclusiones equivocadas”, dice el dictamen de Garzón de Lascano.
También ordenaron el sobreseimiento parcial de Enrique Pedro Mones Ruiz y del Jefe del Regimiento 2 de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, Victor Pino.
Sobreseyeron parcialmente a Mones Ruiz respecto a los delitos de homicidio calificado de Sgandurra, Pucheta, Gustavo Breuil, Miguel Vaca Narvaja y Arnaldo Toranzo por el que fue procesado anteriormente, porque en su oportunidad la Cámara Federal se basó en un error material, es decir, el de concebir al imputado en un cargo y jerarquía equivocada.
Finalmente, Pino fue sobreseído solamente en el delito de homicidio calificado de Pucheta, Sgandurra, Ricardo Tramontini, Liliana Paéz de Rinaldi, Pablo Balustra, Jorge García, Oscar Hubert, Miguel Ceballos, Florencio Díaz y Marta González de Baronetto.
En la causa UP1 también se investiga la aplicación de tormentos y las muertes ocurridas en el Departamento de Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Las torturas y las muertes en la UP1 y en la D2 tuvieron lugar en el marco del plan diseñado e implementado con el propósito de la llamada “lucha contra la subversión”, por órdenes impartidas por las autoridades del Ejército Argentino, en particular en este caso, por su Comandante en Jefe Teniente General, Jorge Rafael Videla.