Prorrogan prisión preventiva para represor de inteligencia del ejército
La Cámara Federal confirmó la prórroga, por un año, de la prisión preventiva del ex agente de inteligencia del Batallón 601 Carlos Eduardo Somoza, investigado por la desaparición de miembros de Montoneros durante la denominada contraofensiva”, ocurrida en 1980 y cuando el represor actuaba bajo el seudónimo de “César Ernesto Segal”.
En una resolución de cuatro carillas, a la que Télam tuvo acceso, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah resolvieron "homologar la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de un año", tal como lo dispuso en primera instancia el juez federal Ariel Lijo, quien se rehusó a excarcelar al represor detenido 12 de enero 2010, tras permanecer prófugo varios meses.
Somoza se encuentra imputado en esta causa desde el 26 de junio de 2009, luego de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, ampliara la querella por nuevos hechos que lo tuvieron como partícipe.
El ex agente de Inteligencia se mantuvo prófugo hasta que personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria logró capturarlo en una vivienda de la localidad bonaerense de Ituzaingó.
Al represor se lo acusa por "haber integrado, en su carácter de agente secreto de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, grupos operativos que constituyeron el sistema ilegal de represión implementada entre los años 1976 y 1983" mediante "un accionar sistemático y organizado junto a otros integrantes de las fuerzas de seguridad".
Los jueces aluden a su participación junto a personal del Batallón 601 Inteligencia "en la comisión del secuestro y privación ilegal de la libertad de Silvia Noemí Tolchinsky", el 9 de septiembre de 1980, en el paso fronterizo Las Cuevas, Mendoza.
Tolchinsky estuvo detenida en "casas clandestinas" del partido bonaerense de General Sarmiento y en Paso de los Libres, Corrientes, hasta comienzos del año 1983.
Como el 12 de enero último Somoza cumplió dos años con prisión preventiva, su defensa pidió la libertad, pero el juez Lijo se la prorrogó por un año, tal como lo autoriza el Código de Procedimientos y ahora confirmó la Sala II de la Cámara de Apelaciones.
Los camaristas recordaron que la ley que fija el término de dos años como máximo para el encierro preventivo, "no establece un plazo de aplicación automática, sino uno que debe ser determinado por la autoridad judicial, teniendo en cuenta las circunstancias concretas", y se remitieron a diversos fallos citados por la Corte Suprema de Justicia.
Los jueces consideraron para ello "las numerosas y particulares dificultades con relación a la investigación y la colección de pruebas, que se generan tanto por el ámbito de la asociación ilícita en que se desempeñaba el imputado, con el carácter reservado de la mayoría de sus actividades".
También incluyen como obstáculos el que los hechos sucedieron en un territorio que abarca distintas zonas del país, y la cantidad de víctimas afectadas.
El texto indica además que los imputados desarrollan "un trascendente entorpecimiento a la colección de elementos probatorios que podrían echar luz sobre todos los aspectos de lo acontecido".
"Objetivamente, esos factores se erigen como signos reveladores de la posibilidad de entorpecimiento del enjuiciamiento y habilitan mantener a Somoza en detención preventiva", enfatizaron los camaristas, e hicieron referencia a "la gravísima imputación que se erige sobre Somoza".