Ser o no Ser
La denuncia se fundamentaba en una supuesta violación al artículo 88 de la Constitución Provincial que prohíbe a los legisladores provinciales litigar en contra del estado en causas patrimoniales.
Luego de recepcionar las pruebas durante más de veinte días, la Comisión de Asuntos Institucionales escuchó los argumentos del presidente de bloque del Frente Cívico y Social quien reiteró que lo acusan “sin pruebas”, desestimando las pruebas que fueron presentadas.
Existen 233 causas que fueron analizadas en el seno de esta comisión y se formularon cargos en sólo dos, por encontrar pruebas que a entender del oficialismo demuestran que el legislador litigó en causas patrimoniales contra el Estado.
Se trata del patrocinio a decenas de choferes de la Empresa Municipal de Transporte Público (TAMSE) que reclaman un ajuste de sus haberes a partir de una decisión que tomó el entonces intendente de la ciudad Luis Juez por el reconocimiento de la antigüedad luego que pasaran de las empresas privadas a la esfera estatal durante la gestión de Germán Kamerath y otra en al que se representó a un policía retirado contra el jefe de la fuerza.
Durante su defensa, Pellegrini manifestó que lo acusan "sin pruebas" y que es un "perseguido" de Unión por Córdoba en al legislatura, mientras que Passerini descartó que sea un tema político y dijo que esos argumentos son "endebles".
La comisión, presidida por el oficialista Nelson Ipérico, está integrada por José Maiocco de la Unión Vecinal Federal, Juan Fernando Brugge, Mabel del Carmen Genta y José Monier de Unión por Córdoba, César Omar Seculini del Frente CíviFernandez del Peronismo Militante-Partido Comunista.
Aunque cuenta con mayoría, el oficialismo decidirá en dos o tres semanas que aconseja la comisión ante esta cuestión de privilegio.
En el caso de que el dictamen resulte condenatorio el oficialismo necesitaría los dos tercios de los votos para sancionar a Pellegrini, y hasta el momento le faltarían tres o cuatro votos, por lo que se descarta que se pueda llegar a esta instancia.
Para llegar a esta mayoría agravada, Unión por Córdoba depende en gran medida del radicalismo que se encuentra dividido entre quienes quieren sancionar al legislador juecista y quienes ven en esta investigación un daño institucional al parlamento cordobés.
La discusión central pasará por una discusión de “interpretación jurídica” donde, la recepción de una cedula de notificación de la causa de la TAMSE representará, para unos la prueba fehaciente de que Ortiz Pellegrini litigó en contra del estado y para otros, sólo significará, “ponerse al tanto” en una causa que había comenzado antes de asumir como legislador provincial.
Cuialquiera sea el resultado de la Comisión en cuanto aconseje o no la sanción del parlamentario, dejará un precedente jurídico importante para aquellos legisladores abogados, actuales y futuros estableciendo los límites entre su profesión y su función pública.