El juez Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación
El juez Baltasar Garzón fue condenado hoy a 11 años de inhabilitación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que lo halló culpable de intervenir las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama Gürtel que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años.
De este modo y con 56 años de edad, Garzón queda expulsado de la carrera judicial a la que dedicó más de 30 años de su vida, ya que no puede recurrir ante otra instancia judicial española.
La radio Cadena Ser pudo hablar brevemente con el magistrado e informó que fuera de micrófono sólo les dijo: "Estoy hecho polvo".
Fuentes de su entorno revelaron que el juez aseguró: "Caramba, ahora tengo yo que pagar a (Francisco) Correa y (Pablo) Crespo" (número uno y dos de la trama, respectivamente).
Su abogado en la primera de las tres causas en el Alto Tribunal, Francisco Baena Bocanegra, reconoció en la misma emisora que Garzón "está muy afectado", incluso "dolido".
Asimismo, aseguró que no esperaba una sentencia así, pero evitó opinar de ella hasta leerla completamente y anticipó su intención de "seguir recurriendo" siempre que su cliente esté de acuerdo.
La única instancia a la que podría acudir Garzón es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo el argumento de que no se garantizaron sus derechos fundamentales, y solicitar la anulación del juicio.
Y si bien los estados miembros del también conocido como Tribunal de Estrasburgo están obligados a acatar sus fallos, la posibilidad de que se declare nulo el juicio condenatorio supondría un golpe a la justicia española que no parece de fácil aplicación.
Por su parte, el abogado José Antonio Choclán, quien representa a Correa y formó parte de la acusación contra el juez, señaló que la sentencia "coloca las cosas en su sitio y repara nuestra honorabilidad". "Garzón ha hecho grandes cosas, buenas y malas, todas grandes", subrayó.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, expresó por su parte el "absoluto respeto" del Gobierno por las decisiones judiciales y anticipó que el Ejecutivo "no realizará ningún tipo de valoración política" de la situación de Garzón. "Se trata del cumplimiento del Estado de Derecho", insistió el ministro.
El fallo fue aprobado por unanimidad y le fue comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien se desplazó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo, informó la agencia de noticias Europa Press.
La acusación, sustentada por el abogado Ignacio Peláez, quien representa al empresario vinculado a la trama, José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricato y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Los hechos por los que ha sido condenado se remontan a 2009, cuando en el marco del "caso Gürtel" ordenó intervenir las conversaciones en prisión entre los presuntos dirigentes principales de la trama de corrupción y sus abogados.
Ayer mismo quedó para sentencia el segundo juicio celebrado contra Garzón en el Tribunal Supremo, por otro presunto delito de prevaricato cometido al investigar los crímenes franquistas siendo que, supuestamente según la acusación, carecía de competencia para ello.
Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad".
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales.
Asimismo, alegaron que "en casos ajenos al terrorismo", como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque, también se ordenó la pinchadura de las entrevistas entre presos y abogados.
Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abierta también otra acusación de prevaricato en su contra por supuesto cobro del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
Repercusiones por la condena de Garzón
La condena de hoy al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por la Sala Penal del Tribunal Supremo de España, que lo halló culpable de autorizar la intervención de escuchas a los cabecillas de la trama Gürtel, generó reacciones en todo el arco político de la Península.
"No haremos valoraciones políticas", dijo el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón. "El Gobierno, en este, como en todos los casos en los que haya un pronunciamiento del poder judicial, no hará nunca ningún tipo de valoración política", agregó.
El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, escribió en su cuenta en Twitter: "Respeto todas las sentencias, pero algunas me entristecen. Hoy me acuerdo de la lucha que hicimos juntos contra ETA".
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, en manos del PP, afirmó, por su parte, que la condena a Garzón conocida hoy supone "un triunfo del Estado de Derecho" y demuestra "que el fin, por muy loable que sea, no justifica los medios".
En el inicio de la Asamblea en Madrid, Aguirre le reprochó además al portavoz de Izquiera Unida (IU), Gregorio Gordo, que se refiriese al día de hoy como "triste para la democracia" por la condena a Garzón, y afirmó que IU es "una coalición seria" que "no puede estar a favor de la impunidad y de que cualquiera que incumpla la ley no deba ser condenado".
El portavoz de Convergencia i Unio (CiU) en el Congreso español, Josep Antoni Duran i Lleida, se limitó a expresar su respeto por la decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar durante once años a Garzón.
"Es una decisión que se compartirá o no, pero que por mi parte se respeta profundamente", manifestó Duran en declaraciones a los periodistas.
El nacionalista catalán señaló que se trata de una decisión adoptada por el Poder Judicial y que en un Estado de Derecho hay que respetar las decisiones judiciales "te gusten o no te gusten", si bien no ha querido develar si comparte o no la resolución del Tribunal.
En un sentido similar se expresó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien dijo que respeta y acata la sentencia del Tribunal Supremo a pesar de que, según destacó, "no haya sido conforme con la posición de la Fiscalía", que ha dicho asumir como propia.
Precisamente, el Portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, aclaró que "desde el Partido Socialista se respeta y se acata la sentencia de todo tribunal y si se trata del Tribunal Supremo español, si cabe, todavía más".
"Dicho esto -dijo- queremos mostrar nuestro grado de preocupación porque el juez Baltasar Garzón se ha distinguido a lo largo de su trayectoria profesional por ser una persona, un juez, un profesional que ha luchado de manera incansable contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la corrupción".
"Por lo tanto, tengo que decir que no nos gusta, aunque no hemos tenido ocasión de ver con detenimiento la sentencia, ver que un juez español con este perfil sea condenado por un delito tan grave y que, curiosamente, además, sea el primer condenado en una trama gravísima de corrupción y es el juez instructor la primera persona que resulta condenada", añadió.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, afirmó en tanto que es "un día triste para la justicia española y para los demócratas" y luego reflexionó sobre la dificultad que van a tener "para explicarles a nuestro hijos que los buenos fueron condenados y los malos no se han sentado en el banquillo".
El diputado de Ezquerra Catalana (ERC), Joan Tardá, afirmó que vio un "sesgo ideológico" en la condena y recordó que, al contrario de lo que ocurrió hoy, al mismo juez la Justicia española ni siquiera le cuestionó por "hostigar, perseguir y permitir maltratos y torturas a independentistas catalanes en 1992".
En declaraciones en la Cámara Baja, Tardá señaló que cuando ocurrieron aquellos hechos, bautizados como "garzonada" por el independentismo catalán, la "Justicia española no sólo lo permitió, sino que no lo denunció y tuvo que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien condenara al Estado español".