Testigos revelan detalles de asesinatos y fusilamientos del franquismo
El Tribunal Supremo español, que juzga al magistrado español Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, escuchó hoy el testimonio del hijo de un hombre asesinado en 1947 por su supuesta colaboración con la guerrilla antifranquista, conocida como los “Maquis”.
Se este modo, el juicio al juez español por investigar los crímenes del franquismo entró hoy en la recta final tras concluir la prueba testimonial y documental, a la espera sólo de las conclusiones y el alegato final del magistrado, quien afronta un pedido de pena de 20 años de inhabilitación.
El testimonio escuchado hoy es el primer relato de una víctima sobre un asesinato que tuvo lugar más de diez años después del inicio de la guerra civil española (1936-1939) y en plena represión franquista.
Según detalló Antonio Solsona Nebot ante los siete jueces del tribunal, “el 4 de octubre de 1947, alrededor del mediodía, se presentó en su casa el mando de la Guardia Civil de la zona, al que identificó como Maximino Lobo y se llevó a su padre y a un vecino, Manolo”.
“Nunca nos dijeron por qué se lo llevaron desaparecido”, dijo Solsona, miembro de la asociación de la recuperación de la Memoria Histórica de Castellón.
Y consultado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, sobre si su padre tenía alguna relación con los “Maquis”, el testigo sostuvo que “ninguna”.
No obstante, explicó que la guerrilla antifascista que operaba en la zona le pidió “3 ó 4 veces comida y poco o mucho se la tuvo que dar. Supongo que por eso se lo llevaron”.
Solsona dijo que sabe que su padre está muerto pero “nunca hemos recuperado el cadáver”, y que cuando denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Castellón, la justicia dijo que “habían prescripto”.
El testigo contó que en 1973 tuvo constancia de su muerte por un sumario de la Guardia Civil en el que decía que tuvieron que aplicarle la denominada "ley de fugas" por intentar escaparse camino al cuartel, pero “los testigos dicen otra cosa”.
También declaró como testigo Antonio Ontañón, autor del libro “Queridos padres, una vez en capilla para ser ejecutado”, fruto de 30 años e investigación.
"Había una consigna: que de los rojos no quedara ni rastro", dijo Ontañon ante el tribunal, y agregó: “En aplicación de esta consigna, los que eran ejecutados a continuación eran desaparecidos. Se aplicaba la muerte física y la desaparición jurídica", aseguró el testigo.
"Las ejecuciones eran a las 7 de la mañana. El capellán del cementerio de Ciriego hacía desaparecer a los ejecutados", añadió.
"Después los echaban a las fosas. Se cavaban zanjas para cada 100 ejecutados. Encima echaban cal viva y luego más cuerpos", relató.
"Tenemos un compromiso moral con los desaparecidos", subrayó el último testigo de este histórico juicio.
La defensa del juez renunció a algunos de los testigos citados inicialmente, por lo que el juicio oral que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo concluirá previsiblemente mañana y no el jueves.
En la sesión de hoy declararon los últimos tres testigos de la defensa, que además presentó jurisprudencia de otros magistrados que abrieron o apoyaron causas similares a la de los crímenes del franquismo en Chile, Perú y Argentina, entre otros.
También la defensa entregó sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como un escrito de la Fiscalía de 2008 y otro en el que figura el voto particular de los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez, que apoyaban la causa abierta por Garzón por los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional.
En aquel documento, que fue leído ante el tribunal, los jueces de la audiencia, señalaban que “posiblemente estemos abordando los delitos más graves que se han presentado en la jurisdicción española".
“Son crímenes contra la humanidad", aseguraron los tres jueces.
La acusación es ejercida por las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Libertad e Identidad, las que solicitan que Garzón sea inhabilitado por 20 años por un delito de prevaricato, es decir dictar a sabiendas una resolución injusta, mientras que la Fiscalía no acusa y pide su absolución, al igual que la defensa.
Desde la semana pasada, familiares de las víctimas del franquismo y representantes de asociaciones de la memoria testificaron ante el Supremo que acudieron al juez Garzón en busca de “justicia” y “sin ánimo de venganza”, porque durante la represión franquista se cometieron “crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles”.
"Queremos que la justicia actúe como en cualquier crimen: cuando a alguien lo torturan, lo matan y lo abandonan en una cuneta con dos tiros en la cabeza", dijo hoy Emilio Silva, presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, con representación en toda España y pionera en exhumaciones de fosas comunes.
"Las exhumaciones son una parte del problema, de la que se tienen que responsabilizar el Estado", pero las víctimas también quieren "justicia", agregó Silva al declarar en calidad de testigo ante el Supremo.
Por eso, ante preguntas del fiscal, explicó que una vez que se frenó la investigación de Garzón su asociación acudió a la justicia argentina, donde “hay abierta una investigación por los crímenes ocurridos en España entre 1936 y 1977”.
“Buscamos una puerta, a través del principio de justicia universal”, remarcó Silva, al tiempo que contó que el proceso sigue abierto y que la jueza encargada del caso solicitó información a España y el gobierno español aún no respondió.