Indignado

El Juez Alejandro Sánchez Freytes no hizo lugar al amparo que planteaba la inconstitucionalidad del decreto 2067 que “condena al pago de una tarifa abusiva a los usuarios del servicio de gas” y “deja a más de cien mil cordobeses desprotegidos”, expresó el Defensor del Pueblo Mario Decara.

Asimismo, agregó que la decisión del Juez “constituye una medida alejada de toda realidad social, que es injusta y desproporcionada y que deja a más de cien mil cordobeses en un estado de total indefensión”.

Además, el Defensor se mostró preocupado por la “gravedad institucional que deja el precedente al no declarar inconstitucional un decreto del poder ejecutivo nacional que crea un cargo tarifario que no es otra cosa que un tributo creado ilegalmente avasallando las facultades del Congreso Nacional”.

Si bien en las últimas horas de ayer se otorgó una solución momentánea y parcial a los efectos del decreto, “no se resuelve en lo absoluto el problema porque a partir del mes de octubre muchos cordobeses volverán a sentir el rigor del impuesto”, aseguró Decara.

En ese sentido, el Defensor comenzó a efectuar distintas consultas y reuniones con diversas organizaciones de defensa de los derechos del consumidor para insistir en conjunto, amparado en la personería de estas instituciones, con un nuevo planteo judicial. 

También envió a la Legislatura de la Provincia una solicitud de “urgente reforma” de la ley 7741 del Defensor del Pueblo para que se le otorgue legalmente la debida legitimación procesal para que pueda requerir decisiones a los tribunales de justicia.