Se definió la fecha del juicio por el crimen de Mariano Ferreyra
El comienzo del juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, fijado en principio para el miércoles 22 de febrero, será confirmado o redefinido la semana próxima, dijeron hoy fuentes de la causa.
Se estima que, de ratificarse la fecha de inicio, el debate se extenderá hasta julio ya que las partes presentaron más de 300 testigos.
En la agenda tentativa del tribunal el veredicto podría estar a principios de agosto, es decir apenas veintidós meses después del crimen.
El Tribunal Oral Criminal 21, que integran los jueces Horacio Leonardo Díaz, Diego Gustavo Barroetaveña y Carlos María Bossi, definirá la cuestión luego de denegar hoy la excarcelación pedida por la defensa de uno de los diez acusados, Gabriel “Payaso” Sánchez.
Junto al barrabrava Cristian “Harry” Favale, Sánchez está preso en el penal de Marcos Paz acusado de haber efectuado los disparos que mataron a Ferreyra e hirieron a otros tres manifestantes: Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre.
El crimen fue cometido en el barrio porteño de Barracas por una patota vinculada a la Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010, durante una manifestación de trabajadores ferroviarios tercerizados que reclamaban su blanqueo.
Entre los que esperan detenidos el juicio están también el jefe del gremio, José Pedraza, y su segundo, Juan Carlos "Gallego" Fernández, así como el delegado de la línea Roca, Pablo Díaz.
El tribunal también deberá resolver sobre el pedido de unificación del juicio pedido por la defensa de siete policías federales acusados de haber liberado la zona para la agresión.
Las defensa de los policías pidieron también piden que todo pase a la jurisdicción federal por tratarse de funcionarios públicos, con lo que en los hechos dilataría el comienzo de ambos juicios.
Aunque cada uno de los diez imputados por el crimen tuvo un rol funcional diferente en la “organización criminal”, todos están acusados por los delitos de "homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en tres oportunidades”, que prevén penas de prisión perpetua.
En el caso de Pedraza y Fernández, la jueza instructora Susana Wilma López los consideró instigadores del crimen a raíz de que los tercerizados reclamaban ser efectivizados, algo que el gremio habitualmente arreglaba con la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) del ferrocarril ex Roca, favoreciendo a sus adherentes.