Kolektor en el centro del debate
Luego de un intenso debate económico, el Bloque de Unión por Córdoba ratificó un decreto emanado desde el Poder Ejecutivo provincial que contiene distintas actas suscriptas del contrato entre el Ministerio Finanzas y la Unión Transitoria de Empresas comandadas por Kolektor; en el marco del convenio de colaboración aprobado por Ley Nº 9230.
Por su parte, las bancadas del Frente Nuevo, Unión Cívica Radical, RECREAR, Izquierda Socialista y del voto individual del “Kirchnerista” Julián Benassi (en disidencia con el resto del Bloque de Frente para la Victoria), quienes se opusieron a que el Estado delegue en manos privadas la percepción de los distintos impuestos que la Provincia cobra en el ámbito del territorio cordobés.
El Presidente de la Comisión de Economía, Dante Heredia (UPC), dijo que el proyecto de ley tiene por “objeto dotar al convenio que une a las partes de la operatividad, claridad y especificaciones necesarias para su correcto funcionamiento y para el debido resguardo de los intereses de la Provincia”.
También remarcó el oficialista que hubo una mejora en la recaudación en dos años (entre diciembre de 2004 y octubre de 2006), que pasó de los 760 millones de pesos hasta los 995 millones. “Esto permite determinar que de esta negociación o nueva acta surge, claramente, la ventaja que implica para la Provincia este corrimiento operado a partir de estas negociaciones realizadas con la Unión Transitoria de Empresas”, agregó.
Por su parte, la parlamentaria casi con mandato cumplido, María Taquela (FN), aclaró que más allá de los largos nombres que compone la cuestionada UTE (Siemens Itrons Business Services S.A., Servicios y Consultorías S.A. y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización S.A.), “estamos hablando de Kolektor”.
“Entendemos que se han planteado modificaciones, a través de las distintas actas de fechas 30 de diciembre de 2004, 29 de diciembre de 2005 y 19 de octubre de 2006, que podrían implicar un nuevo contrato, 
planteándose una situación de tal gravedad institucional que tornaría ilegal a dichas actas, puesto que en tal caso no se habría desarrollado el procedimiento legal necesario, que sería el llamado a una nueva licitación”, fustigó Taquela.